Oficina del Inspector General emite orden a Departamento de Educación por contrato que involucra a exconvicto por corrupción
La OIG identificó que, en el año 2010, uno de los socios incorporadores de una corporación sin fines de lucro, fue sentenciado a un (1) año y un (1) día de prisión y tres (3) años de libertad condicionada o probatoria, por malversación de fondos en una organización con sede en los Estados Unidos.
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), emitió el miércoles una Orden para Mostrar Causa al Departamento de Educación (DE), luego de que realizara una investigación que validara el supuesto otorgamiento de un contrato a una corporación sin fines de lucro, que tiene como socio incorporador un exconvicto por malversación de fondos, en la esfera federal.
En atención a una información presentada ante la OIG, se inició un proceso investigativo, dentro del cual la OIG emitió una solicitud para producir documentos y requerimientos de información al DE, de conformidad con las facultades conferidas en la Ley -2017. La investigación cubrió el periodo del 30 de noviembre de 2020 al 8 de septiembre de 2022.
“Durante el análisis de los documentos solicitados y la información recopilada, el personal de la OIG identificó que, el DE pudo haber incurrido en irregularidades en la contratación con la referida organización sin fines de lucro, en contravención con las disposiciones de la Ley 2-2018, según enmendada y conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, reza la OIG en un comunciado de prensa.
La OIG identificó que, en el año 2010, uno de los socios incorporadores de la referida corporación sin fines de lucro, fue sentenciado a un (1) año y un (1) día de prisión y tres (3) años de libertad condicionada o probatoria, por malversación de fondos en una organización con sede en los Estados Unidos. Surgió que el socio incorporador al que se hace referencia en la investigación, se declaró culpable de malversar alrededor de 115,000.00 dólares. La OIG no identificó a la persona.
Añadieron que en el año 2020, la corporación sin fines de lucro fue incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, “figurando el exconvicto, como uno de sus incorporadores y en agosto de 2022, el DE pactó contrato con dicha corporación”.
El Área de Querellas e Investigaciones de la OIG validó, además, que en el sistema de consulta de donantes del Contralor Electoral de Puerto Rico, una persona con el nombre del socio incorporador figura como donante político para el periodo entre noviembre de 2019 y febrero de 2022.
Como resultado del informe se ordenó a DE, que muestre causa sobre el otorgamiento de un contrato, aún con el impedimento e inhabilidad permanente de la corporación sin fines de lucro a la que se le otorgó en contrato y del socio incorporador ex convicto, de contratar con el Gobierno de Puerto Rico, como consecuencia de la sentencia de convicción por declaración de culpabilidad por el delito de malversación de fondos en la jurisdicción federal y; Muestre causa de las razones por las cuales la OIG, no deba proceder con emitir Resolución y Orden declarando Nulo el Contrato 2023-0000xxx, como parte de un procedimiento administrativo, por in- fracciones al Artículo 3.4 de la Ley 2-2018 y otras normativas aplicables.
En el portal habilitado por el Departamento de Justicia para el Registro de Personas Convictas por Corrupción, no se identifica ningún ofensor registrado con el nombre del socio incorporador, al 14 de septiembre de 2022, fecha en que se realizó la indagación.
Un resumen ejecutivo fue publicado en la página electrónica de la OIG y está disponible a través de www.oig.pr.gov.
