Senado pagó $74,908 de plan médico indebidamente a oficiales que sirvieron de escoltas
Además, auditores identificaron que, de la totalidad de las compras por $376,921, el 20% correspondieron a gastos extravagantes, excesivos e innecesarios.
La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Senado de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Senado pagó $74,908 de forma indebida por el plan médico a 10 de los 15 oficiales que sirvieron de escolta a los entonces presidentes del Senado del 2013 al 2018. Estos oficiales ya contaban con un plan médico que les pagaba el Negociado de la Policía por $19,000. Al respecto, el Senado actuó contrario al Código Político de Puerto Rico al compensar de forma extraordinaria a los oficiales, por pagar su plan médico, sin autoridad legal para ello.
La auditoría de seis hallazgos señala, de una muestra, que el 46% de los empleados del Senado con puestos de supervisión, acumularon y utilizaron tiempo compensatorio a lo cual no tenían derecho. Este pago de $2,265, para el periodo del 2013 al 2018, es nulo y contrario a la reglamentación vigente.
Los auditores identificaron que, de la totalidad de las compras por $376,921 entre el 2013 al 2020, el 20% correspondieron a gastos extravagantes, excesivos e innecesarios como, por ejemplo, un sofá por $2,545, dos lámparas chandeliers por $1,200 cada una, o una mesa de consola por $870 solicitados por personal de un exlegislador, o dos laptops por $9,106 para la Oficina de la Presidencia en el 2016. Además, el Senado compró 225 camisas rojas para un evento deportivo cuya participación de por si incluía una camisa oficial a los inscritos.
El sistema de registro de asistencia y licencia adquirido por $21,849, presentaba múltiples deficiencias ya que la acumulación de licencias tenía que hacerse de forma manual, no descontaba el tiempo compensatorio y la pantalla no daba información básica al empleado, entre otras deficiencias que sólo el proveedor podía asistir. Estas situaciones se atribuyen a la ausencia de evaluación de la necesidad y conveniencia de la compra del mencionado sistema.
El Informe devela también que, al 30 de junio de 2020, el Senado carecía de algunas disposiciones para regular el uso y control de la cuenta de la tarjeta de crédito tales como: la designación de un administrador de la tarjeta, tipo de bienes que se pueden adquirir o las transacciones que no serían permitidas, entre otras.
Este tercer y último Informe del Senado, cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
