Ferrer refiere a Ética Gubernamental contrato de Janet Parra, y denuncia posible violación de ley

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, informó hoy que sometió un referido ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que investigue la contratación de la licenciada Janet Parra Mercado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, por entender que podría constituir una violación a la Ley de Ética Gubernamental.

El legislador explicó que la OCPR otorgó un contrato de consultoría legal de hasta $50,000 a Parra Mercado, con funciones relacionadas a asesorar en investigaciones que se remiten al Departamento de Justicia de Puerto Rico, agencia que ella dirigió hasta mayo de 2025.

Según Ferrer Santiago, la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental prohíbe que un exfuncionario intervenga o asesore ante la agencia donde laboró durante los dos años posteriores a su salida del servicio público.

“La ley es clara. Un exservidor público no puede asesorar ni intervenir en asuntos relacionados con la agencia que dirigió hasta que transcurra el periodo establecido. Aquí estamos ante un contrato que, por su propia naturaleza, levanta serias dudas legales y éticas”, expresó el portavoz popular.

El líder cameral sostuvo que, mientras se desempeñó como secretaria de Justicia, Parra Mercado tuvo injerencia directa en la oficina que atiende los referidos del Contralor, lo que activa la prohibición legal de dos años establecida en la Ley 1-2012.

Asimismo, indicó que el referido solicita a la OEG evaluar posibles sanciones, incluyendo la cancelación del contrato, multas administrativas y la restitución de fondos públicos, de determinarse que hubo violaciones a la ley.

“El país espera que las normas éticas se apliquen sin excepciones. Cuando se trata del manejo del erario y de la confianza pública, no puede haber áreas grises. Nuestro deber es fiscalizar y exigir transparencia”, añadió.

El portavoz del PPD reiteró que el referido forma parte de su responsabilidad constitucional de velar por el cumplimiento de las leyes y la sana administración de los fondos públicos, y urgió a la Oficina de Ética Gubernamental a atender el asunto con prontitud.

“Se trata de defender la integridad del servicio público y garantizar que nadie esté por encima de la ley”, subrayó Ferrer Santiago.