La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dra. Zayira Jordán Conde, anunció hoy que sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una revisión del Plan Fiscal Enmendado 2021, aprobada por la Junta de Gobierno de la institución, que extiende las proyecciones fiscales hasta el año fiscal 2027 sin contemplar aumentos adicionales en matrícula, cuotas o cargos estudiantiles, ni modificaciones al sistema de retiro universitario.
Como parte de este proceso, la institución también solicitó a la JSF reconocer a la UPR como una entidad alineada con los objetivos del Título V de la Ley PROMESA, particularmente en lo relacionado con la revitalización de infraestructura crítica, reafirmando la posición institucional de que la Universidad constituye un componente esencial para el desarrollo, la recuperación y la competitividad de Puerto Rico.
La propuesta representa un paso estratégico para fortalecer la estabilidad financiera de la principal institución pública de educación superior de Puerto Rico, mientras se desarrolla un nuevo plan fiscal alineado a las realidades operacionales, académicas y económicas actuales del sistema universitario.
La enmienda reafirma la posición reiterada de la presidenta de la institución en que la sostenibilidad fiscal de la UPR puede alcanzarse mediante una estrategia responsable de diversificación de ingresos, sin trasladar nuevas cargas económicas a los estudiantes ni generar incertidumbre entre los retirados y empleados del sistema universitario.
Como parte de las alternativas presentadas, la Administración Central incorporó la proyección del inventario de propuestas de investigación de las distintas unidades del sistema, estimado en aproximadamente $258 millones para el periodo que culmina el 30 de junio de 2027, reconociendo la capacidad de la Universidad para competir exitosamente por fondos externos, fortalecer su ecosistema de investigación, ampliar la captación de recursos y robustecer su misión académica y científica.
“La Universidad necesita estabilidad fiscal, pero esa estabilidad no puede construirse a costa del acceso a la educación ni de quienes han dedicado su vida al servicio universitario. Este Plan Fiscal Enmendado presenta una ruta responsable y sensata: no aumentar matrícula, no imponer nuevos cargos y no alterar el sistema de retiro. Estamos apostando a una estrategia basada en alternativas reales de ingresos, incluyendo investigación, subvenciones, fondos federales y recursos públicos reconocidos por ley, para sostener nuestra misión con responsabilidad fiscal y sensibilidad institucional”, expresó la doctora Jordán Conde.
La revisión también incorpora el reconocimiento de la asignación anual de $500 millones dispuesta mediante la Ley 53-2021, correspondiente al periodo fiscal 2023-2027, un componente que la Universidad considera fundamental para sostener su estabilidad operacional y facilitar una planificación financiera responsable.
La Universidad destacó que su sistema universitario constituye infraestructura pública estratégica para Puerto Rico, no solo por su función educativa, sino también por su impacto directo en la investigación científica, la formación de profesionales, los servicios de salud, la innovación, la movilidad social y el desarrollo económico.
“La Universidad de Puerto Rico no puede analizarse únicamente desde una óptica operacional o presupuestaria. La UPR es infraestructura estratégica para Puerto Rico. Aquí se forma el capital humano que sostiene nuestros sectores esenciales, se desarrolla investigación de alto impacto y se impulsa la innovación que fortalece la competitividad y recuperación de nuestra isla. Esa realidad debe formar parte de cualquier evaluación fiscal responsable”, añadió Jordán Conde.
La enmienda sometida no introduce nuevas medidas fiscales ni reformas estructurales adicionales para el año fiscal 2027, sino que actualiza proyecciones financieras basadas en resultados de ejecución, ingresos identificados, asignaciones legislativas, fondos federales y oportunidades externas de investigación y subvención.
Con esta acción, la Universidad de Puerto Rico reafirma su compromiso con una administración fiscal responsable, la transparencia institucional, la protección del acceso a la educación pública, la estabilidad de su comunidad universitaria y el fortalecimiento de su rol como motor académico, científico y económico de Puerto Rico.
