El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, anunció la radicación de un proyecto de ley que obliga que todo contrato de gobierno sobre $500,000 sea firmado y juramentado ante notario público de forma presencial.
Esto ante la controversia relacionada con el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el consorcio para proveer energía temporera liderato por la empresa Power Expectations, donde las firmas de ese acuerdo, con tope de $5,887 millones, fueron realizadas digitalmente y de manera remota.
“Esta Asamblea Legislativa entiende que la mejor forma de prevenir estas controversias en la contratación gubernamental es establecer, mediante legislación clara, dos garantías mínimas y de sencilla implantación aplicables a todo contrato que otorgue el Gobierno de Puerto Rico —cualquiera de sus poderes constitucionales, departamentos, agencias o instrumentalidades— con una persona natural o jurídica: la juramentación notarial de las firmas en todo contrato de alta cuantía, y la presentación de una resolución corporativa que autorice a quien comparece a obligar a la persona jurídica que contrata con el Gobierno. La consecuencia jurídica del incumplimiento de cualquiera de estos requisitos debe ser proporcional a la magnitud del riesgo que se busca prevenir: la nulidad absoluta del contrato otorgado, la sanción más severa reconocida por nuestro ordenamiento civil, que impide que el contrato produzca efecto jurídico alguno y que no admite convalidación posterior”, expresó el Presidente de la Cámara en la Exposición de Motivos de la pieza legislativa.
Puerto Rico ha sido testigo de controversias en la contratación gubernamental que ponen en entredicho la identidad de quienes comparecen a suscribir contratos multimillonarios con el Gobierno de Puerto Rico y la autoridad real que ostentan para obligar a las personas jurídicas que dicen representar. Estas controversias no sólo erosionan la confianza del pueblo en el manejo de los fondos públicos, sino que exponen al Gobierno de Puerto Rico a litigios prolongados, reclamaciones de pago sobre contratos viciados y la consecuente incertidumbre sobre la validez de compromisos que ascienden a millones de dólares del erario.
“Esta medida no pretende imponer una carga onerosa a la contratación gubernamental. Por el contrario, establece requisitos mínimos, razonables y de bajo costo, que ya son de uso corriente en otras transacciones de similar o menor cuantía, y que sirven como salvaguarda efectiva contra el fraude, la suplantación de identidad y la contratación con el Gobierno sin la debida autorización corporativa”, agregó Méndez.
El proyecto, el cual crea la ‘Ley para Garantizar la Autenticidad de las Firmas y la Debida Autorización Corporativa en la Contratación Gubernamental de Puerto Rico’, exige que la autenticidad de las firmas de las partes contratantes en todo contrato que otorgue una entidad gubernamental, cuya cuantía exceda los $500,000, sea juramentada ante notario público autorizado a ejercer en Puerto Rico; disponer que en todo contrato que se otorgue entre una entidad gubernamental y una persona jurídica, esta deberá presentar una resolución corporativa que autorice a la persona natural firmante a representarle y obligarle en dicho contrato; disponer que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la nulidad absoluta del contrato otorgado; ordenar la certificación previa al desembolso de fondos; disponer para la reglamentación instrumentadora de esta Ley.
