El representante Joel Franqui Atiles defendió en El Calentón su proyecto para reducir a cuatro días la jornada laboral de los empleados gubernamentales, sin reducir el salario.
Según el legislador, la medida se ha implementado con éxito en otros municipios sin afectar los servicios.
“No, porque la reducción sería solamente 5.5 horas a la semana. ¿Qué ocurre? El gobierno gana por un lado y neutraliza por otro porque los 18 días aproximados queda el gobierno de feriado que tiene que retribuir a ese empleado que no trabaje lo estaría ahora utilizando para darle días a Que no trabaje, lo estaría ahora utilizando para darle días adicionales al empleado y un grupo trabajaría de lunes a jueves y otro grupo de lunes a jueves”, explicó.
Detalló que municipios como Loíza, Vega Baja y Camuy llevan más de cinco años con el método de cuatro días laborables, lo que según el legislador hah sido un éxito.
“La alcaldesa de Loíza me dijo ayer que ella lo implementó en su municipio y ha sido fantástico, los empleados contentos, porque ella no tenía dinero para darles un aumento a esos empleados públicos y ella lo que hizo fue redujo la jornada de trabajo con el mismo salario. Y aquí en el gobierno lo que estaba buscando es que nunca se afecten los servicios, y trabajaría de lunes a jueves o de martes a viernes”, dijo Atiles.
Por otra parte, en Pega’os en la Mañana, la catedrática de la escuela de Administración Pública, Palmira Ríos, indicó que no ve bien la reducción de la jornada laborable para los empleados del gobierno.
“Insistimos en que la radicación de medidas debe estar basada en estudios, evidencias y datos que puedan sostener esta propuesta (…) y lo que hemos visto es que va a tener un impacto masivo porque no está dirigido a todos los empleados y no dejamos de escuchar todas las semanas sobre los problemas con los servicios”, manifestó.
Aclaró que aunque la medida tiene impactos beneficiosos para los empleados como ahorros en cuido de niños, alimentación, transportación “ciertamente, en ausencia yo creo que (…) podría crear problemas de contratación, gastos mayores por parte del gobierno y afectar la prestación de servicios a la ciudadanía”.
Finalmente, como una posible solución la profesional destacó que la medida sería viable si los municipios invirtieran en tecnologías que acelerarán la prestación de servicios.
