El experto en PROMESA, Rolando Emmanuelli, cuestionó que el Gobierno aún no haya ocupado el terminal de New Fortress, pese a que la gobernadora Jenniffer González indicó que tenía la facultad para hacerlo. Señaló que la acción requeriría la coordinación de agencias como la Autoridad de los Puertos y la Policía.
Emmanuelli sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de actuar ante una emergencia y criticó la falta de medidas frente a la situación con New Fortress, cuyos problemas operacionales y contractuales, afirmó, se conocen desde hace tiempo.
“Deben ocupar el terminal.Eso dijo la gobernadora que ellos podía hacer y todavía estamos esperando”, dijo el especialista en temas energéticos.
Al ser cuestionado porqué el gobierno no ejecuta Emanuelli respondió: “No sé qué estamos esperando porque eso se sabe desde siempre. Eso es el poder de razón de Estado, una normativa institucional que propone que cuando hay una emergencia el Estado tiene que hacer, porque es un deber, todo lo posible por resolver la emergencia. ¿Desde cuándo nosotros estamos hablando de New Fortress?”.
Por otra parte, el licenciado informó que el Colegio de Abogados pidió unirse al pleito contra LUMA Energy como amigo de la corte.
“Aceptó el de UTIER, aceptó el de los industriales, aceptó el de la Junta de Supervisión Fiscal. La posición del colegio es una posición institucional de que aquí hay que cumplir con las leyes y que si las leyes dicen que ese contrato es ilegal, no se puede validar o suspender la ilegalidad por el mero hecho de que hay unas consecuencias negativas, que el Estado de Derecho va por encima de cualquier interés privado, de que alegar que entonces LUMA tendría pérdida no es un fundamento jurídico”, explicó.
El experto en PROMESA indicó que el Colegio de Abogados respaldó la postura de la UTIER que establece que la transición energética no es tan complicada como se plantea y sostuvo que un tribunal podría declarar nulo un contrato incluso si ninguna de las partes lo solicita.
Finalmente, como fundamento, se presentó un informe del Colegio de Abogados de 2024 que analiza y expone argumentos sobre la presunta nulidad del contrato original.
