La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) informó hoy, martes, que radicó una querella contra el exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech y otra contra la exsubsecretaria Itza García.
La querella contra Domenech se radicó bajo el Artículo 4.6(c) de la Ley Núm. 1-2012 y guarda relación con la contratación de la nominada exsecretaria del Departamento de Justicia, licenciada Janet Parra Mercado, “para su representación legal dentro del año de prohibición a su salida del servicio público, luego de haber autorizado la contratación de sus servicios profesionales por parte de la CFSE (Corporación del Fondo del Seguro del Estado)“.
Mientras tanto, a García “se le imputa intervenir en gestiones para la contratación de su pareja sentimental, Luis Sánchez Andino, con una agencia bajo su supervisión“.
Ambos funcionarios salieron de sus puestos en el Gobierno en el mes de agosto en medio de cuestionamientos y señalamientos por presuntas irregularidades en su función gubernamental sobre procedimientos al interior del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Por su parte, el licenciado Domenech emitió las siguientes expresiones:
“La querella de la Oficina de Ética Gubernamental descansa en una interpretación viciosa de la ley, que convierte una norma pensada para evitar el aprovechamiento de haber hecho alguna función gubernamental en un obstáculo para el derecho constitucional que le asiste a toda persona de estar representado por el mejor abogado en la materia que confronta y poder defenderse efectivamente. Esta querella no contiene alegación alguna en donde este servidor se está aprovechando de alguna manera del cargo que ejercí para obtener un beneficio, ni malversación de fondos públicos. La contratación de un proveedor de servicios que son pagados con los fondos de este servidor, no puede considerarse una infracción a la ley de ética.
No conocemos un solo caso en que la Oficina haya interpretado la ley de esta manera, y por una buena razón. La secretaría de la Gobernación revisa decenas de miles de transacciones y trámites anualmente, lo que incluye decenas de miles de peticiones para la contratación de servicios profesionales de toda la Rama Ejecutiva. Bajo esta lectura, quien ocupe ese cargo y los que trabajen en dicha Oficina, quedarían impedidos de contratar a prácticamente cualquier abogado, médico, contable, o laboratorio, entre otros, con experiencia en Puerto Rico. Esa no es la ley que aprobó la Asamblea Legislativa.
Respeto la función que ejerce de la Oficina de Ética Gubernamental. Contestaré la querella ante dicho foro, donde demostraremos que no procede; y de ser necesario esta no sería la primera vez que haya que acudir a los tribunales cuande esta Oficina se excede de las facultades otorgados por su ley. Estas serán mis unicas expresiones al respecto, pues no voy a litigar este caso en los medios“.
