El Secretario de Educación, Eliezer Ramos, reconoció en este medio que existe un desfase en el presupuesto fiscal del año pasado que actualmente impide cumplir con los pagos a porteadores escolares.
La deuda asciende a unos 5 millones de dólares aproximadamente.
La controversia surge por los atrasos en los pagos del Departamento de Educación a compañías de transportación escolar por servicios ya prestados. Según el presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado, la deuda por servicios anteriores al presente año escolar asciende a $9.5 millones. El portavoz estimó que, al incluir septiembre y octubre, el monto podría superar los $30 millones, aunque esta última cifra no ha sido confirmada por Educación.
El Gobierno ha reconocido que existen obligaciones pendientes, algunas desde 2021. Aunque La Fortaleza aseguró que los fondos están presupuestados y que Educación sometió la solicitud a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Junta de Supervisión Fiscal informó el 11 de noviembre que todavía no había recibido de OGP la petición presupuestaria correspondiente. Por su parte, Educación sostuvo que el trámite para atender las deudas de años anteriores permanece pendiente ante esa oficina y que los pagos del año corriente se están trabajando con normalidad.
A los trámites de conciliación y autorización presupuestaria se suman dificultades de facturación vinculadas con la implementación del nuevo sistema financiero del Gobierno, conocido como ERP. Los transportistas denuncian que los atrasos han comprometido su capacidad para cubrir combustible, nómina y otros gastos necesarios para mantener las rutas escolares.
La situación ya provocó interrupciones en el servicio de una compañía que opera en Carolina, Trujillo Alto y San Juan, según la Federación. Educación indicó que algunas facturas de esa empresa fueron devueltas por discrepancias relacionadas con días facturados en los que, según la agencia, no se ofreció servicio. Rosado advirtió, además, que entre 40 y 50 compañías podrían dejar de operar si no reciben los pagos, lo que pondría en riesgo la transportación de entre 5,000 y 10,000 estudiantes, incluidos alumnos de educación especial.
