A lo adivino el manejo de los puentes en Puerto Rico
El Gobierno no tiene un inventario de puentes vulnerables a eventos atmosféricos intensos.
Las lluvias que afectaron hace un mes el tramo del barrio Cañabón en la carretera PR-770 de Barranquitas causaron que un puente provisional colapsara. En la colindancia oriental de Barranquitas, un puente del municipio de Comerío presentó una situación similar.
“Yo tengo comunidades que están transitando por puentes que están socavados y por ahí pasa el camión de basura, y por ahí pasa el camión de hormigón. Todo el mundo se asusta con el temor a que ese puente se pueda caer en cualquier momento, pero yo no puedo arreglarlos”, lamentó el alcalde Josian Santiago en el programa radial del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), “Agenda propia”.
Aunque se prevé que la cantidad de eventos atmosféricos intensos continuará en aumento en la región del Caribe, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico no posee un inventario de puentes que, por su ubicación o historial, se consideren vulnerables ante episodios de lluvias intensas, tormentas tropicales y huracanes.
La ausencia de un inventario de puentes vulnerables ante eventos atmosféricos priva a las agencias, municipios y comunidades de una herramienta que ayude a desarrollar estrategias de adaptación y mitigación ante escenarios de peligro.
El CPI le preguntó a la directora ejecutiva de Carreteras, Rosana Aguilar Zapata, cuáles son los criterios para establecer prioridades para la reparación y mantenimiento de puentes, y la titular explicó que su agencia se basa en las inspecciones que se le hacen a todos los puentes del país cada dos años.
“Dependiendo lo que resulte de esas inspecciones, si está en la categoría good, pues son reparaciones mínimas que hay que hacer en el puente. Si cae en fair, determinamos qué otras medidas tenemos que hacer, si es mejora o reemplazo o monitoreo más frecuente, o quizás algún carril que hay que afectar. Ya en poor, decidimos si tenemos que cerrar el puente o tenemos que cerrar un carril, o tenemos que cambiar unos elementos, o tenemos que contratar a un contratista para que vaya al área”, mencionó Aguilar Zapata.
“A base de la inspección que se hace en los puentes se determina qué acción hay que tomar”, añadió la ingeniera, sin precisar cómo se establecen prioridades luego de esas inspecciones.
En otros países y en jurisdicciones de Estados Unidos se identifican las carreteras de mayor susceptibilidad a eventos atmosféricos. Estados como Maryland y Pensilvaniahan preparado documentos o participado de estudios en los cuales integran el tema del cambio climático a sus estrategias y política pública relacionadas a carreteras y transportación. Para tales fines, utilizan la herramienta de los Sistemas de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) para analizar y relacionar distintas variables, previo a determinar si una carretera o un segmento de alguna vía de transportación es vulnerables a los patrones climatológicos contemporáneos.
Igualmente, entidades de cooperación internacional abogan porque se incluya la consideración de la crisis climática en la construcción de infraestructura, incluyendo los puentes. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) publicó el informe Climate resilient infrastructure, que hace referencia al aumento de los niveles del mar como un criterio que debe ponderarse en la construcción de la infraestructura vial. La OECD tiene 36 países miembros, incluyendo a Estados Unidos.
Al preguntársele a oficiales de la ACT y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) sobre por qué no hay un inventario de los puentes con historial de vulnerabilidad, o que, por su ubicación, se les debe prestar más atención en el contexto de la crisis climática, estos respondieron que cada evento atmosférico es diferente y que el impacto no siempre va a ser el mismo en los puentes y carreteras impactados adversamente en eventos de lluvias intensas o ciclones.
“Hablan de ciclones, huracanes… en realidad nosotros seguimos la ley federal. Y la ley federal sí tiene cierta estructura de cómo inspeccionas los puentes, cómo los categorizas. Trato siempre de explicar la parte de los puentes susceptibles a socavación, aparentemente todavía me malentienden. Porque nosotros sí tenemos una lista de puentes susceptibles a socavación”, dijo el ingeniero Manuel Coll, quien es jefe de Gerencia de Inventario de Puentes en la ACT. El funcionario se negó a entregar esa lista al CPI.
Tras la entrevista, el CPI solicitó en varias ocasiones copia de la lista de puentes susceptibles a socavación. Las peticiones se hicieron en persona, por teléfono, por correo electrónico y por mensaje de texto. Sin embargo, las gestiones fueron infructuosas y hasta se recibieron reacciones que sugerían la negativa de personal de la ACT para hacer público el documento.
El CPI volvió a solicitar la lista de puentes susceptibles a socavación un mes después de la entrevista con los ingenieros, pero tanto Aguilar Zapata, como el ingeniero consultor de la ACT, Ariel Pérez, dijeron que no la entregarían y que tenían preocupación sobre la posibilidad de que la prensa tuviera acceso a un documento público.
La nueva Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, aprobada por la administración de turno, establece en su Artículo 6 que, “cualquier persona podrá solicitar información pública mediante solicitud escrita o por vía electrónica, sin necesidad de acreditar algún interés particular o jurídico”.
Las solicitudes hechas por el CPI se realizaron por vía electrónica y se explicaron las razones de la petición, a pesar de que la ley no obliga a los ciudadanos a justificar sus razones para pedir documentos públicos.
“Tenemos un público allá afuera que me preocuparía que malinterpretara”, argumentó Pérez mientras Aguilar Zapata asentía con su cabeza.
“Yo tengo mucho miedo de dártela a ti porque hasta a profesores se la damos y lo que hacen es malinterpretarla. Por ejemplo, esto de susceptible a socavación”, argumentó Coll, cuando se le solicitó en persona la lista.
La divulgación de esa información proveería herramientas a municipios y comunidades para trabajar en estrategias de adaptación y mitigación ante la realidad actual que se vive por el aumento en eventos atmosféricos extremos. Además, es un documento público que podría utilizarse para propósitos educativos.
