El confinado que se mutiló el pene en la institución Ponce Máxima de Ponce ayer, domingo, recibirá terapia y tratamiento psicológico y psiquiátrico hasta que cumpla su sentencia en el mes de agosto, informó en Pega’os en la Mañana la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón.
Luego de ser atendido en el Hospital Damas, el hombre de 44 años fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, en donde fue intervenido quirúrgicamente en la madrugada de hoy, lunes. Al momento, se desconoce la condición del confinado, quien se laceró con la navaja de una rasuradora desechable.
Escobar Pabón reconoció que no había trabajado una situación similar, aunque sí había trabajado con mutilaciones en el pasado.
“Es una automutilación. Lo podemos confirmar porque ya nuestros compañeros oficiales correccionales así nos lo han expresado en el proceso de investigación preliminar que estamos llevando a cabo y el propio confinado también ha reaccionado y ha dicho: ‘Pues, mira, no sé qué me pasó. No sé por qué hice esto’ y de verdad hay que trabajar con los traumas”, explicó la secretaria.
Según Escobar Pabón, el hombre ya recibía servicios de salud por otras condiciones, pero no recibía tratamiento por algún padecimiento de salud mental. No obstante, tenía trastornos adictivos, razones por las cuales ingresó a prisión. Al momento, está a punto de cumplir una sentencia de 15 años por homicidio negligente, robo y violación a la Ley 54.
En contra de proyecto que busca prohibir que personas trans se muevan a las instituciones con las cuales se identifican según su género
Por otra parte, la secretaria se posicionó en contra de los proyectos presentados por la representante de Proyecto Dignidad, Lissie Burgos, que buscan prohibir que mujeres trans accedan al Complejo de Rehabilitación para Mujeres para cumplir sentencia, y el tema de la inclusión en lugares en los que se ofrecen servicios gubernamentales.
Afirmó que, al momento, han trabajado sin problema con una orden administrativa local y leyes aprobadas en Estados Unidos para atender a la población que, en Puerto Rico, actualmente, es de nueve personas miembro de la comunidad trans.
“Me parece que tener un proyecto de ley como esto no atiende, necesariamente, las situaciones que ellos presentan”, reiteró Escobar Pabón al asegurar que, de momento, no hace falta legislación para atender alguna situación de la comunidad trans en las cárceles.
