El licenciado Fidel Osorio opinó en Pega’os en la Mañana que Homeland Security Investigations (HSI) tendría que contar con un “sastre jurídico” para radicarle cargos a los que graben o alerten sobre redadas de inmigración.
“En ese sentido, yo lo quiero ver, y me da mucha curiosidad qué cargos le van a presentar. Por lo menos al empleador sí existen cargos porque la ley lo prohíbe. Pero a una persona que le avise o que grabe, eso habrá que ser un sastre jurídico muy grande para poder presentarle cargos a una persona como esa”, señaló.
La agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico, Rebecca González le indicó a El Nuevo Día que los ciudadanos que intervengan durante operativos de inmigración serán “procesados criminalmente”.
El abogado de inmigración también afirmó las denuncias de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre agentes de inmigración dentro del tribunal de Guaynabo.
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“Sí he visto que le ha pasado a otros compañeros que cuando llegan con sus clientes, el gobierno les cierra administrativamente los casos y entonces los procesan y se los llevan el mismo día. Y eso, para mí, es un disuasivo para que las personas vayan a corte. Si citamos a las personas y queremos que vayan a corte, pues ciertamente si los arrestamos allí, pues la gente va a dejar de ir a corte”, destacó. “He escuchado a los mismos jueces que se han expresado en contra de esto y es algo que ciertamente me gustaría que cambiara”.
Vigilantes en la ACLU ante posibles acciones del HSI
Por su parte, desde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, la licenciada y directora, Annette Martínez Orabona, aseguró estar al pendiente de las posibles acciones que ejecute el HSI.
“La ACLU de Puerto Rico está dando seguimiento a las expresiones de Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), sobre posibles acciones criminales contra personas que son testigos de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Para la ACLU es importante recordarle a la ciudadanía que la libertad de expresión es un derecho protegido, tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la de Puerto Rico. Esto incluye las expresiones verbales y acciones tales como grabar las intervenciones de agentes del orden público, acciones legítimas que no constituyen delito. Además, una detención sin orden de arresto u orden judicial firmada por un juez es en principio ilegal. Exhortamos a los medios y periodistas a cuestionar a HSI-ICE sobre la existencia de dichas órdenes en cada una de sus intervenciones“, reiteró Martínez Orabona en declaraciones escritas.
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