La directora del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, catalogó como una forma de añadir más burocracia al proceso del aborto la medida que establece un protocolo para dicho procedimiento en menores de 15 años, y que la semana pasada fue convertida en ley.
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Se trata del Proyecto del Senado 297, de la autoría de Joanne Rodríguez Veve, que hoy es la Ley 122-2025 (Ley para establecer un protocolo de manejo de casos de terminaciones de embarazos en menores de quince (15) años o menos en Puerto Rico”.
Dicha medida establece, entre otros aspectos, el consentimiento de una madre, padre o tutor legal para que una menor de 15 años de edad pueda practicarse un aborto.
Según Figueroa, los requisitos solicitados ahora son destructivos, y advirtió que podrían implicar la revictimización y criminalización de las pacientes, que enfrentarían mayores barreras de acceso para el procedimiento.
“Lo que intenta es, verdad, restringir el acceso al aborto en Puerto Rico en lugar de garantizar que sea un acceso justo, que sea un acceso confidencial y la ley, particularmente, añade unos pasos bastante burocráticos que pueden retrasar o impedir el procedimiento y eso es algo bien importante porque en Puerto Rico tú tienes hasta unas semanas para tú realizar un proceso de aborto y en relación a esos procesos que añaden tiempo pudiera pasar que entre esos procesos el tiempo pase y esa joven no tenga esa alternativa disponible. Así que también otra de las cosas que quiero resaltar es que el lenguaje de la ley abre la puerta a que profesionales de la salud teman por consecuencias legales, lo que puede llevar a una negativa de servicios médicos“, indicó en entrevista con Radio Isla.
Asimismo, destacó que entienden que es inconstitucional la medida, ya que va en contra de derechos ya reconocidos por los tribunales de máxima instancia en Puerto Rico y Estados Unidos.
De hecho, la directora del Observatorio señaló la importancia de este tipo de servicios en un contexto en el que según han constatado, muchas víctimas de feminicidios eran madres jóvenes o adolescentes.
“Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar sobre las consecuencias de que una joven no tenga acceso a esos servicios, que son constitucionales, que son servicios con derechos y las puede exponer a situaciones de violencia de género, a situaciones de feminicidio y a otros tipos de situaciones. […] En este país se legisla mucho en base a supuestos, lo que yo pienso, lo que yo puedo opinar sobre este tema, pero no se utilizan los datos y la evidencia científica para legislar y para legislar con evidencia“, agregó al asegurar que las adolescentes solo se expondrán a mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo.
Figueroa insistió en que las clínicas de aborto cuentan con años de experiencia y funcionan bajo un monitoreo que les permite establecer protocolos cuando las menores han sido víctimas de abuso sexual.
