Alcalde de Ceiba asegura que la presencia militar está moviendo la economía del municipio | “Los militares le están pagando al Gobierno”
Asimismo, aseguró que en el municipio los ciudadanos se encuentran tranquilos con la presencia de militares
Vea la entrevista aquí:
El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, aseguró que la presencia de la milicia estadounidense en su municipio ha logrado mover la economía en momentos en que se mantienen tensas las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela por la determinación del presidente Donald Trump para atacar cualquier embarcación sospechosa de ejecutar actividad de narcotráfico.
“Nosotros tenemos una presencia militar en Roosevelt Roads estáticamente. Ahora pues hubo una expansión, una expansión utilizando el aeropuerto. Sobre casi mil militares que han llegado a nuestro suelo han consumido los negocios, a buscar la gastronomía, le echan gasolina a todos esos equipos pesados, carros y vehículos que ellos están utilizando. Han hecho unas mejoras significativas. El director del Puertos tiene que estar contentísimo. ¿Por qué? Porque se arregló la pista, se limpió la torre de control, que llevaba casi cuatro años de sacar los permisos, en menos de dos semanas se sacaron los permisos“, dijo en entrevista para Hora Exacta.
Asimismo, aseguró que en el municipio los ciudadanos se encuentran tranquilos con la presencia de militares, y reiteró que son los militares quienes le pagan al Gobierno local por mantenerse en la antigua base naval de Roosevelt Roads como parte del plan de la administración Trump.
“Yo sé que debió de costar millones (los trabajos de rehabilitación). También el arrendamiento que han tenido los militares sobre el puerto, que también arrendaron esto por creo, entiendo yo, es por un año. O sea, que el Gobierno de Puerto Rico, aparte de las facilidades, con la inversión millonaria que se ha hecho, y lo rápido que ellos tienen el acceso para sacar los permisos, eso cuesta millones”, agregó.
Al momento, 83 personas han muerto durante los más de 20 ataques que ha dirigido el Gobierno estadounidense contra aquellos de quienes se sospeche que podría ejercerse una actividad delictiva.
