El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, propuso declarar un estado de emergencia nacional por la crisis de animales realengos y asignar $10 millones del Fondo de Emergencia para establecer un programa masivo de esterilización de perros y gatos en los 78 municipios.
La propuesta surge tras el hallazgo de perros y gatos muertos dentro de bolsas plásticas en Ponce. La Policía de Puerto Rico (PPR) investiga las circunstancias de las muertes y la cantidad de animales. García Padilla indicó que lo ocurrido debe provocar una reacción inmediata del Gobierno de Puerto Rico y de los municipios.
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En octubre de 2024 el alcalde solicitó al entonces gobernador Pedro Pierluisi y a la Junta de Control Fiscal (JCF) una asignación de $2 millones para atender la situación. García Padilla sostuvo que, pese a ese reclamo, el Gobierno no ha establecido un programa nacional permanente de manejo y esterilización ni una respuesta estructurada a la proliferación de perros, gatos y caballos realengos.
Como medida central, García Padilla propuso asignar $10 millones del Fondo de Emergencias a un programa de esterilización que llegue a todos los municipios. Planteó que los recursos se distribuyan según la población de cada pueblo, utilizando como referencia los datos del Censo. Bajo ese cálculo, Coamo, con una población aproximada de 36 mil personas, recibiría cerca de $112,500 para desarrollar el programa durante un año.
También propuso establecer acuerdos con veterinarios y clínicas de todo Puerto Rico para fijar tarifas uniformes y facilitar la participación de profesionales en el programa. La propuesta contempla criterios de peso, tamaño, edad y condiciones de salud de los animales, junto con los procedimientos correspondientes para su esterilización.
Otra de las medidas sería una moratoria de un año a la venta comercial de perros y gatos en Puerto Rico. García Padilla planteó que la pausa ayudaría a reducir la reproducción de animales con fines comerciales y fomentaría la adopción responsable.
El alcalde también propuso suspender durante un año la importación de perros y gatos para fines comerciales. La moratoria incluiría las excepciones necesarias para proteger el bienestar de los animales y atender situaciones particulares.
“Puerto Rico necesita dejar de mirar hacia el lado. Este problema no se resuelve con expresiones de indignación, campañas aisladas ni medidas superficiales. Necesitamos una política pública seria, recursos recurrentes, fiscalización y responsabilidad compartida entre el Gobierno central, los municipios, los veterinarios y las organizaciones protectoras de animales”, indicó el alcalde.
García Padilla señaló que la crisis afecta el bienestar animal, la salud pública, la seguridad y la convivencia ciudadana. Exhortó al Gobierno a actuar con voluntad política, inversión y coordinación para atenderla en todos los municipios.
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“No podemos seguir esperando a que ocurran más tragedias para reaccionar. Las soluciones livianas ya no son suficientes. Puerto Rico necesita atender esta emergencia con la seriedad y urgencia que merece”, reiteró el ejecutivo municipal.
