Alcalde de Santa Isabel denuncia que el exalcalde Enrique Questell busca desalojar a un adulto mayor de 90 años

Rivera sostiene que los terrenos son municipales y cuestionó el vínculo del exalcalde Enrique Questell con la propiedad

El alcalde de Santa Isabel, Meldwin Rivera, denunció un conflicto relacionado con un terreno municipal en el que reside un hombre de 90 años, quien enfrenta una orden de desahucio y, según el funcionario, no tendría otro lugar al que ir.

“Nos pareció injusto”, expresó Rivera al referirse a la determinación judicial que ordena el desalojo del adulto mayor. Según explicó el alcalde, el caso involucra al exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, quien ocupó la alcaldía durante 16 años y que, de acuerdo con las alegaciones de Rivera, mantiene un interés sobre los terrenos donde ubica la residencia del anciano.

Rivera sostuvo que existe un posible conflicto de intereses debido a que la finca en disputa habría sido de dominio municipal. Alegó que, mientras Questell se desempeñaba como alcalde y vicepresidente de la Junta de Gobierno del CRIM, se produjo la agrupación y posterior ocupación de terrenos que, según los documentos presentados por el municipio, le pertenecen al pueblo de Santa Isabel.

“Quien único puede sacarlo de ahí es el alcalde porque esos terrenos son municipales”, afirmó Rivera.

El alcalde aseguró que su administración, junto con su equipo legal, revisó la documentación relacionada con la finca 709 y determinó que el terreno en controversia forma parte de propiedad municipal. También alegó que en el área se habría clausurado una carretera estatal.

Rivera indicó que toda esta información fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de Ponce y que el municipio también acudió ante los tribunales luego de ser demandado. Según dijo, la documentación sometida al tribunal consta de aproximadamente 500 páginas.

El alcalde aclaró que, aunque entiende que tiene autoridad sobre el uso de la propiedad municipal, no tiene intención de desalojar al hombre de 90 años de su residencia.

La controversia permanece ante los tribunales, donde se deberá determinar la titularidad y el derecho sobre el terreno en disputa.

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