Alianza Correccional radica mandamus para exigir aumento salarial a oficiales correccionales
Actualmente, el salario base de los oficiales es de $2,350, pero Martínez alegó que aún no alcanza el salario que ganan los oficiales en Estados Unidos
La portavoz de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, informó en Dígame la Verdad que la semana pasada radicaron un recurso de mandamus ante los tribunales para exigirle al Gobierno que cumpla con otorgar el aumento salarial de $746 a los oficiales correccionales, según lo establece la Ley 91 de 2022.
“Ayer tuvimos la primera vista en donde nuestra representación legal dio los argumentos de que el Gobierno no había cumplido con ese aumento de salario de 746. Escuchamos la posición tanto de la agencia por parte de Justicia, escuchamos la posición de OGP por parte de sus abogados y la posición de AFAAF por parte de los abogados. Prácticamente, eran nueve abogados versus los abogados, dos de nosotros los abogados del sindicato. Y estamos en espera de la decisión del juez de dar a orden de que se tiene que cumplir con ese aumento de salario de 746“, indicó la portavoz.
Actualmente, el salario base de los oficiales es de $2,350, pero Martínez alegó que aún no alcanza el salario que ganan los oficiales en Estados Unidos.
Mientras, al momento la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón ha contemplado un aumento de $200 en el presupuesto del próximo año fiscal a los oficiales correccionales, a los oficiales juveniles y a los oficiales de Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).
Que cancelen el contrato de Physician Correctional
Por otra parte, en medio de la investigación que rodea al DCR y a su secretaria por el manejo del caso del convicto Hermes Ávila Vázquez, Martínez pidió que se le cancele el contrato de Physician Correctional, empresa encargada de brindar servicios de salud mental en las cárceles.
Asimismo, pidió la cancelación del contrato a UTICorp, que es la encargada de dirigir las investigaciones al interior de la agencia, y en este caso con Physician Correctional.
“Nosotros hemos señalado desde el 2019, cuando fuimos a deponer, 2020, si no me equivoco, que fuimos a deponer a la Junta de Control Fiscal que esa compañía de Physician no cumple con las expectativas, que tiene un contrato demasiado de jugoso y que lo que da es un servicio deprimente, mediocre y que no cumple con lo que realmente se contrató. Así que yo entiendo que se debe cancelar ese contrato, contratar una compañía, pero aquí en Puerto Rico lo que van a hacer es que el mismo grupo va a crear otra compañía distinta y vamos a tener la misma mediocridad de servicio de salud dentro de las cárceles“, aseguró.