Ante los altos costos de la electricidad y la falta de un servicio estable y confiable, el exmiembro de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina, cuestionó el manejo del gobierno con los contratos de generación temporera y la controversia en torno a LUMA Energy. Medina responsabilizó al gobierno por el encarecimiento de las facturas, al señalar que ha favorecido financieramente a Power Expectations por razones políticas, en lugar de priorizar las necesidades energéticas de los ciudadanos y garantizar un servicio confiable a un costo razonable.
Medina dio buen visto a propuesta de la minoría del Partido Popular Democrático del Senado quienes plantearon que el gobierno utilice los fondos de emergencia para atender la crisis de la luz, mientras destacó que el zar de Energía, quien tiene injerencia de en el sistema eléctrico de la isla, demanda a LUMA Energy “no porque no hayan hecho un buen trabajo, sino porque ellos alegan de que no aprobaron el contrato correctamente los mismos PNP de la administración anterior”.
Argumentó: “Estamos hablando de un contrato de generación temporera que lo hicieron con los pies que sabiendo que las personas no estaban capacitadas para proveer esa energía a los puertorriqueños, le firmaron los contratos, forzaron las firmas y aquí estamos, nuevamente en una situación donde no hay suficiente energía disponible para los puertorriqueños al costo razonable”.
“¿Quién no tiene la voluntad para traer otros suplidores? Bueno, el gobierno es quien tiene control de los contratos. Todo el mundo está hablando de quién tiene la culpa, pero ¿quiénes se metieron a contratar a esa gente [Power Expectations]? ¿Quiénes tienen el control de la contratación? El gobierno, es Josué Colón, el zar de Energía; es la gobernadora de Puerto Rico y el 3PPO. La Junta tiene un rol de asegurarse que las cosas se hagan bien y lo vemos en Power Expectations claramente, donde es la Junta quien levanta la bandera. Pero quiero asegurarme que sepan que la Junta está no solamente de acuerdo, está actuando en favor de los puertorriqueños”, añadió.
Medina explicó que la Junta de Control Fiscal se adelantó y exigió que el contrato de gas natural licuado (LNG) permitiera comprar combustible a otros suplidores que ofrecieran precios más bajos. Según Medina, el acuerdo contempla esa alternativa para procurar gas a un costo más accesible y reducir la dependencia de un solo suplidor.
“No es la Junta la que dice que no dejen entrar el barco, o que no dejen entrar a otros suplidores más baratos”, recalcó al puntualizar que lo primero que se debe atender a corto plazo es limitar el poder que tienen los dueños de Genera sobre los puertos, barcos, suplido y generación de energía.
Finalmente, el letrado recalcó que los puertorriqueños se han visto afectados por las decisiones del “gobierno republicano de Jenniffer González” que no tienen la intención de sacar a New Fortress y Genera PR por agendas e intereses políticos.
“Tenemos una administración que tiene unos intereses políticos que minan sus decisiones. Y vemos claramente donde la administración está tomando decisiones a favor de los amigos del Partido Republicano de Donald Trump y por lo tanto, no vemos una administración activista tratando de resolver el problema que tenemos con Genera, con el New Fortress porque son republicanos de Trump y aquí la administración no se atreven a levantar un dedo en cualquier cosa que tenga que ver con la administración de Donald Trump. Eso no tiene nada que ver con la Junta”, concluyó.
