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Asignan FEI contra Carlos Acevedo y otros funcionarios por caso de almacenes en Ponce

Carlos Acevedo Caballero fue comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

El sonado caso del almacén de Suministros de Ponce a raíz de la secuela de sismos en el área sur de la isla arrojó la determinación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PPEI) de asignar fiscales especiales para investigar la conducta del ex comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo Caballero y otros funcionarios de esa agencia.

De esta manera, el Panel estableció que el récord remitido por el Departamento de Justicia, contiene prueba conducente a demostrar que existe causa suficiente para creer que Acevedo y los funcionarios Joel Figueroa Betancourt, Evelyn Cumba Santiago y Luis O. Cruz Ramírez pudieron haber incurrido en infracciones de Ley.

Para la investigación a fondo, fueron asignados los fiscales especiales independientes, Manuel E. Núñez Corrada y Emilio E. Arill García. Estos, cuentan con 90 días para presentar los resultados de su pesquisa.

En relación con los hechos aludidos, el Panel tuvo ante sí dos referidos para atender el mismo asunto. De una parte, el informe de Justicia basado en la querella presentada por el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Lcdo. Héctor López Sánchez. De otra parte, el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes que investigó el asunto.

En este último, se consignó que en su comparecencia y testimonio en vistas públicas, tanto el comisionado López Sánchez como la ex titular de Justicia, Lcda. Denisse Longo Quiñones, habían cometido un delito de perjurio. En esa instancia, el PEEI designó al Lcdo. Rafael Sánchez Hernández para la investigación preliminar que exige la Ley 2-1988.

En lo concerniente al informe remitido por la Cámara de Representantes, que fue objeto de investigación por parte del licenciado Sánchez Hernández, el Panel, luego de evaluar y justipreciar su informe, dispuso el archivo de los casos presentados contra estos dos funcionarios.

En el aludido informe se expresa: “No podemos penalizar a un funcionario cuando objeta mediante fundamentos en derecho v privilegio de las Reglas de Evidencia, la entrega de documentos o testimonio”, concluyó el fiscal investigador y concurrió el Panel, tras la controversia de si los funcionarios se negaron a entregar la investigación realizada alegando razones de confidencialidad.

De otra parte, al acoger la recomendación de Justicia el Panel no encontró causa suficiente para considerar que el ex secretario de Estado, Elmer Román González, pudiera haber incurrido en conducta delictiva.

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