Aterrador para representante que solo haya 250 técnicos sociopenales para atender a cinco mil confinados en la libre comunidad
Mientras, a Jesús Santa Rodríguez también le pareció extraña la petición de salud correccional para un alza en su presupuesto
Durante una vista de presupuesto celebrada el lunes en la Cámara de Representantes salió a relucir que tan solo hay 250 técnicos sociopenales para atender a la población correccional en la libre comunidad, lo que le pareció aterrador al presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez.
Según el legislador, para los sobre siete mil reclusos al interior de las cárceles hay más de cuatro mil oficiales correccionales. Sin embargo, para los poco menos de seis mil miembros de la población correccional que están en la libre comunidad hay un total de 250 técnicos sociopenales.
“Yo creo que eso es un tema muy importante y ella entiende que con 250 es suficiente. Yo estoy seguro que no, yo creo que no, yo creo que quizás hace 20 o 30 años la mayoría de la población penal estaba dentro de una cárcel. Ahora tú tienes casi el 40% de ellas fuera de la cárcel, pues tienes que buscar el personal para darle seguimiento a ello. Por eso es que suceden las cosas que suceden en el país. Por eso es que tú ves a una persona que está con grillete o está bajo palabra o está en algún tipo de desvío para cumplir su pena y que cometen algún tipo de delito, pues oye, si tú le das el seguimiento, esa posibilidad se incrementa exponencialmente. Y yo creo que si algo salió de la vista que a mí me aterrorizó y creo que es un asunto que tenemos que tomar seriamente es ese dato“, advirtió.
El legislador estableció que hay que atender la situación con urgencia, ya que la ley establece que, en casos como el del convicto Hermes Ávila Vázquez, la supervisión sea cada 15 días.
Según el representante, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, perdió una buena oportunidad para contestar todas las preguntas que han surgido en las últimas semanas a raíz del caso protagonizado por Ávila Vázquez.
De otra parte, Santa Rodríguez aseguró que le pareció extraño el hecho de que el Programa de Salud Correccional del DCR solicitara $12 millones en el presupuesto del próximo año fiscal, cuando ha enfrentado un déficit operacional en los pasados cinco años.
En este caso, dichos fondos irían para la empresa Physician Correctional, que es la encargada de ofrecer servicios de salud a la población correccional.
Sin embargo, Santa Rodríguez levantó la alerta en que la solicitud “no va a tono” con la funcionalidad de un contrato con el Gobierno y advirtió que tan siquiera la petición de fondos no se pondera para una mejora en el ofrecimiento de servicios.
“Lo que es el presupuesto de salud correccional en el último año fueron 52 millones de dólares. Eso es más dinero que, yo diría, más de la mitad de los municipios del país. O sea, no es poca cosa. Ellos alegan que llevan cinco años en déficit operacional y están pidiendo 12 millones adicionales a los 52 millones de dólares. Para mí es medio incongruente porque ninguna entidad corre con déficit cinco años. O sea, de algún lado, yo estoy seguro que Corrección saca el dinero para poder pagarles a ellos. Porque tú me dices que estuvo un año malo, pues no hay problema, pero cinco años. Eso es algo que la comisión está evaluando seriamente y la cual es un dato del cual yo no le creo. Yo, personalmente, no le creo porque no es posible”, añadió el representante.
