Ayuda Legal cataloga como “atropellado” el proceso de Vivienda Pública con ayuda de COVID-Renta

La directora de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau, calificó como “atropellado” el proceso relacionado con las ayudas de COVID-Renta que fueron otorgadas a personas que, posteriormente, se determinó que no cualificaban.

Ante el error, el Departamento de la Vivienda Pública envió cartas a unas 22 mil personas para notificarles que debían devolver el dinero recibido. Godreau cuestionó el proceso, particularmente porque la compañía privada contratada para evaluar las solicitudes cerró operaciones el pasado 17 de septiembre, lo que dejó a los afectados sin una vía clara para apelar.

“Sobre la responsabilidad de la compañía, una de las cosas más terribles que pasó con COVID-Renta es que cerraron de repente el 17 de septiembre. Así que, si yo recibí una notificación de momento de que ya no soy elegible o que tenía que devolver dinero, ¿a dónde yo apelo si la página está caída, la compañía ya no está, las líneas telefónicas se fueron y lo que tú dejas a la gente es una carta? Pues es un proceso bastante atropellado”, sostuvo.

Aunque reconoció que podrían identificarse algunos casos de fraude, Godreau enfatizó que las 22 mil personas notificadas no deben ser catalogadas automáticamente como fraudulentas, ya que muchas fueron cualificadas por la propia compañía contratada por Vivienda.

“Es importante que la gente no repita como el papagayo. Estos son casos de personas que fueron incorrectamente cualificadas y hay que manejar esto diferente porque podríamos estar revictimizando a la gente”, explicó.

La abogada también distinguió entre un error en la cualificación y un caso de fraude.

“El fraude necesita que exista la intención por parte de la persona de mentir a propósito con el interés de lograr un dinero que no tenía derecho. Aquí estamos hablando de personas que han sido cualificadas por una compañía privada y que se les dio la información de que eran elegibles”, agregó.

Godreau recomendó a las personas afectadas documentar toda la información relacionada con su caso y actuar con seriedad ante cualquier comunicación oficial.

“Lo importante es que la gente lo asuma con seriedad. Aunque sea un correo electrónico y el proceso sea atropellado, la realidad es que el gobierno, si refiere esto, por ejemplo, al Departamento de Hacienda, la gente podría tener que se les retengan reintegros o que inicien procesos de cobros que son bien agresivos”, advirtió.

Finalmente, informó que Ayuda Legal Puerto Rico estará ofreciendo información educativa para orientar a las personas sobre sus derechos y señaló que están a la espera de una línea de ayuda (hotline) por parte del Departamento de la Vivienda Pública.