Casos de violencia doméstica deben tener un trato ‘diferenciado’ en los tribunales, reconoce oficial del Comité PARE

La oficial de cumplimiento del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de Violencia de Género (PARE), Ileana Espada, reconoció en Pega’os en la Mañana que es necesario que los jueces y juezas atiendan de forma diferenciada – y no necesariamente distinta – los casos de violencia domésticas que llegan a las salas de tribunales.

Las expresiones de Espada se dieron en reacción a la segunda masacre del año, que también es catalogado como un feminicidio-suicidio luego de que un hombre asesinara a su expareja, su exsuegra y excuñado y se privara de la vida en Yauco.

Nota relacionada: Supremo ordena investigar casos en el Tribunal de Ponce contra autor de masacre en Yauco

“Este tipo de casos necesita un trato distinto. Eso no quiere decir que no se van a observar los derechos constitucionales y los debidos procesos judiciales. […] Son casos que ocurren en un escenario doméstico, así que de por sí tienes una naturaleza distinta”, indicó.

Según la oficial, desde el Departamento de Justicia continúan adiestrando a personal de la judicatura y orientando a la ciudadanía para identificar patrones de violencia de género.

Piden que se investigue y asuman responsabilidades sobre masacre en Yauco

No obstante, desde la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) urgen que no solo se identifique el problema, sino que haya soluciones.

“Queremos acciones. Queremos que se adjudiquen responsabilidades. No podemos seguir. […] Esta víctima […] dejó una bitácora muy clara establecida de cuales fueron las acciones que ella llevo a cabo. La misma Linnette (Morales Vázquez) nos narró el calvario que vivió con todos los sistemas. […] Asi que ¿Quién va a adjudicar la culpa? ¿Quién se va a hacer responsable?”, cuestionó la exprocuradora interina Vilmarie Rivera.

Y es que la víctima presuntamente apuntaba en una libreta los procedimientos judiciales e incidentes que sufrió por el acecho de su victimario.

Asimismo, Rivera levantó la alerta sobre los casos en los que hay alguna reincidencia por parte del agresor, pues recordó que el autor de la matanza, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, tenía un récord criminal, y aseguró que no puede adjudicarse todo a las condiciones de salud mental.

“Los agresores son, lamentablemente, hijos del patriarcado, son hijos de una cultura machista. Es el resultado de lo que nosotros, como sociedad, hemos construido y que no queremos cambiar”, afirmó.

Mientras tanto, la actual procuradora interina, licenciada Madeline Bermúdez, también urgió a que se investigue y se ausculten soluciones.

“No es solamente la investigación. ¿Cuáles van a ser las acciones correctivas? Peor en lo que esas investigaciones se dan […] ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuáles son las instrucciones que se impartieron en el día de ayer y en el día de hoy no solamente a los fiscales, a los policías y jueces, para que esto no se repita?”, cuestionó la funcionaria.

Bermúdez también lamentó la decisión de la jueza del Tribunal de Ponce al no tomar la precaución necesaria sobre Santiago Figueroa, algo que también se vio en el caso de la joven Karla Rodríguez Ares, asesinada en Caguas a finales de 2023.

Nota relacionada: “Algo falló” en el caso de Karla Rodríguez Ares, afirma presidente del Colegio de Abogados

“Denota falta de empatía. Cuando tú tienes una mujer ante sí y tú conoces lo que es trabajar con violencia de género, tú sabes que hay momentos en el que esa persona no está emocionalmente preparada para tomar decisiones”, afirmó al reiterar que sí se les está educando a estos profesionales.

Al momento, Bermúdez urge que se aclare una enmienda en la Ley 99, que entra en vigor en febrero, para que se aclare el lenguaje que presuntamente permitiría que quede bajo discreción de los jueces y jueces la aplicación de supervisión electrónica en los casos de Ley 54, sino que sea compulsorio.

Sobre este caso se ha señalado puntualmente la problemática con la adjudicación del grillete, puesto que la jueza ordenó aplicarle una fianza al victimario y no imponerle supervisión a pesar del evidente riesgo que corría la víctima.