El presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, Jonathan Morales, informó hoy, martes, que el hogar clandestino Emanuel, en Arecibo, cesó operaciones tras mantener bajo su cuidado a 13 adultos mayores sin contar con la licencia del Departamento de la Familia (DF).
Morales señaló que la responsabilidad por la situación podría ser compartida entre la propietaria del hogar y el Departamento de la Familia, de confirmarse que la agencia pretendía otorgarle el licenciamiento al centro de cuido pese a que presuntamente incumplía con los requisitos establecidos.
Además, denunció que los adultos mayores vivían en condiciones inadecuadas, ya que algunos dormían en colchones colocados en el suelo, otros tenían que compartir camas, la comida escaseaba y las condiciones de higiene eran deficientes. El presidente de la Federación también contextualizó que el hogar había operado durante cerca de 20 años en otra localidad, la cual fue cerrada tras un presunto caso de maltrato que provocó el desalojo y reubicación de los residentes por parte del Departamento de la Familia.
Ver esta publicación en Instagram
Nota relacionada: Familia ordena el cierre de hogar clandestino en Arecibo
“Otra de las cosas que nos llama la atención es los familiares defendiendo esta facilidad. Quizás el cuidado era bueno o quizás atendían bien a los adultos mayores cuando ellos miraban, pero hay que ver lo que pasaba detrás de las cámaras. Es una responsabilidad compartida, pero también tenemos que comenzar a echarle la responsabilidad a los familiares porque no todo aquí puede sobrecargar al dueño del hogar y el Estado. También la familia tiene un rol, estipulado en la Ley 121, que es la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. Pero yo creo que esto va a parar: cuando el Departamento de Justicia empiece a pronunciarse y se comience a erradicar cargos por negligencia y por maltrato contra esos adultos mayores”, sostuvo Morales.
Agregó: “… si le corresponde al Departamento de la Familia ser negligente, se tiene que radicar cargos; si le corresponde a la dueña del hogar, se tiene que redactar el cargos; por igual a los familiares. Aquí no podemos permitir que se sigan tapando los ojos y que las cosas sigan pasando una vez más y que siga manchando las labores que hacen muchos hogares en Puerto Rico de manera digna”.
Como resultado de la intervención el procurador de Personas de Edad Avanzada confirmó en un comunicado que previo a la visita de fiscalización, el Departamento de la Familia había removido tres residentes subvencionados.
