Mientras miles de estudiantes comienzan un nuevo año escolar, a una joven de 16 años se le ha impedido regresar a su colegio a estudiar, ya que desde el 18 de junio enfrenta una orden de protección por Ley 54 cimentada en acusaciones relacionadas a su orientación sexual.
La abogada y progenitora de la joven, Marie Quiñones Tañón, narró en Pega’os en la Mañana que su hija y otra compañera, también de 16 años, confirmaron estar enamoradas y mantener una relación de noviazgo. A partir de entonces, se desarrolló un proceso judicial que dio paso a que la jueza Rocío Alonso determinara que hubo maltrato al, alegadamente, la joven presionar a la otra menor para que manifestara su orientación sexual, algo que la madre de la segunda joven no acepta.
Quiñones Tañón denunció, además, que en la vista en la que se emitió la orden de protección no estuvieron presentes ni ella ni su hija.
“Y en esa vista le preguntaron a la menor envuelta con mi hija, que tenían una relación de noviazgo, donde se decían que se amaban y se querían. Le preguntó si le había faltado mi hija el respeto a ella. Esa menor contestó que no, que si había incomodado algo durante esa relación. Y esa menor contestó que no. También le preguntaron si mi hija la amenazó, le dijo que no. Aún así, la juez emite una orden de protección contra mi hija, donde reconoce que ambas niñas están en el mismo grado, en el mismo colegio, que mi hija ha presionado a la otra menor para que le manifestara su orientación sexual y la relación que tenía a su madre y que esto constituyó maltrato emocional hacia la otra menor“, detalló Quiñones Tañón.
El asunto no se ha resuelto, ya que no se ha logrado celebrar una vista para que la menor señalada, una destacada estudiante que no ha tenido problemas con la ley, ofrezca su versión de los hechos.
La mujer, abogada de profesión, explicó que en estos casos la Ley 54 establece que la vista de seguimiento debe celebrarse en 20 días, algo que la madre de la segunda joven implicada pidió que no se hiciera debido a que estaría de viaje, y que se celebrara el 15 de julio.
Incluso con tal cambio, el 10 julio la madre de la segunda joven solicitó la suspensión de la vista para pedir que la intercesora de violencia doméstica asistencia en la búsqueda de abogados y psicólogos, por lo que el pasado lunes 11 de agosto era el día estipulado para la cita en los tribunales, algo que tampoco sucedió debido a la supuesta falta de representación legal de la otra parte y la hospitalización de una de las menores.
“Yo estoy angustiada como madre, frustrada como abogada, que yo tenía fe en la justicia, que yo creía que las leyes se aplicaban a todas las partes por igual. Aquí yo me pregunto, porque concluye la primera juez que ve este caso, que había un peligro inminente de maltrato. ¿Cuál era el maltrato? ¿Que la mamá no podía escuchar que su hija era gay?
¿Cuál es el peligro que mi hija vaya a la escuela cuando la escuela está dispuesta y trató de intervenir para ver cómo podían poner esta orden de protección y el tribunal le dijo que no lo iba a permitir intervenir cuando estas niñas toman hasta clases diferentes? ¿Cuál es este peligro que representa mi hija para esta otra niña? ¿Que la va a volver gay cuando la vean? Yo desconozco cómo estamos utilizando una pieza de ley tan importante como es la Ley 54 para atender este asunto“, indicó Quiñones Tañón.
La nueva vista para que la adolescente pueda ofrecer su testimonio será el próximo 27 de agosto, a pesar de que Quiñones Tañón ha solicitado al nuevo juez encargado del caso, Juan Alberto de León González, adelantar la fecha, ya que su hija ha experimentado un trastorno de estrés agudo causado por un trauma.
Asimismo, denunció que el tribunal no le ha provisto los documentos del caso ni tampoco ha accedido a modificar la orden de protección para que la menor pueda acudir a la escuela, algo que el juez Rodríguez Flores, la jueza Díaz Rivera y el juez Cruz Hiraldo negaron.
Finalmente, reveló que una psiquiatra de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), abuela paterna de la segunda joven implicada, determinó en un informe que la joven de 16 años es una agresora emocional, lo que le resulta ser un conflicto de interés. Sobre el particular, la profesional de la salud ahora enfrenta una querella ética.
“Yo quisiera decirles a los tribunales que han perdido de perspectiva que se trata aquí de una menor, que los casos de los menores tienen que velarse el mejor interés de ellos y aquí están tratando a mi hija como si fuera una maleante solamente por su orientación sexual”, finalizó.
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