Colegio de Productores asegura que el gobierno defiende el “Promoter Fee” para continuar beneficiándose del “Facility Fee”
El presidente del Colegio de Productores, Roberto Sueiro afirmó que existe un quid pro quo entre el gobierno y Ticketera
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Mientras la exsecretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo publicó en sus redes sociales un video en el que explicó que el “promoter fee es ilegal y un invento criollo”, la Asociación de Productores y Profesionales de Entretenimiento de Puerto Rico puntualizó que las interpretaciones incorrectas promueven un debate público innecesario, que confunde al consumidor.
Además, el presidente del Colegio de Productores, Roberto Sueiro, indicó que el secretario de DACO, Hiram Torres Monrtalvo defiende el cargo de “Promoter Fee” para que no se elimine el “Facility Fee” que redunda en beneficios para el gobierno.
“El presidente de la Asociación de Productores, Manny Morales, es dueño de Ticketera y tiene un acuerdo de exclusividad con el Distrito de Convenciones. Manny Morales le interesa que se puedan poner cargos en su voleto porque a él le aplica la Ley de Transparencia en el recibo de compra. A él [Manny Morales] le resulta beneficioso que el tenga un ‘Facility Fee’ porque ese cargo va a el gobierno. Por eso, el secretario del DACO está a favor. Si eliminas el cargo de productores porque no cumples con la Ley de Transparencia, tienes que eliminar el de ‘Facility Fee'”, argumentó Sueiro.
Ante el debate si el cargo por productor es legal o ilegal, Torres Montalvo dijo que ejecutará un estudio.
Sin embargo, Rodríguez Erazo al igual que el presidente del Colegio de Productores indicaron que la situación no requiere de estudios.
“El secretario no esta para hacer estudios. No hay que hacer ningún estudio. Los estudios se debían hacer en la legislatura cuando creó la Ley de Transparencia en el recibo de compra”, dijo el presidente quien manifestó que existe un quid pro quo entre el gobierno y Ticketera.
Por otra parte, Pepé Dueño, miembro de la Asociación de Productores y Profesionales de Entretenimiento de Puerto Rico comunicó: “Cuando se presentan interpretaciones incorrectas como hechos, el efecto no es solo un debate público innecesario, sino confusión para el consumidor. Nuestro deber es devolver la discusión al terreno correcto: lo que la ley realmente establece y cómo se aplica”.
