En un momento decisivo para la renegociación del próximo Farm Bill, el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández Rivera, lideró un esfuerzo bipartita para presionar a los presidentes y miembros de mayor rango de los Comités de Agricultura de la Cámara de Representantes y del Senado que incluyan la medida H.R. 5168, Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act, en la próxima versión del Farm Bill.
A diferencia de gestiones previas, el esfuerzo integró una cantidad histórica de 20 congresistas de ambos partidos, reflejando el creciente consenso en Washington sobre la urgencia de modernizar el programa de asistencia nutricional de Puerto Rico y acercarlo a la paridad con SNAP.
“Puerto Rico ha operado durante décadas bajo una asignación fija de fondos para asistencia alimentaria que no se ajusta automáticamente cuando ocurre una recesión económica, un desastre natural o un aumento en la necesidad, situaciones que el programa SNAP sí atiende en los estados”, escribieron el comisionado residente y los legisladores. “Incluir la medida en el Farm Bill traería la equidad que por tanto tiempo se ha esperado para más de 1.3 millones de personas de bajos ingresos en la isla que dependen de esta ayuda, al tiempo que establece una transición ordenada y responsable”, agregaron.
La legislación H.R. 5168 busca corregir la desigualdad histórica en la asistencia alimentaria al establecer una transición gradual del NAP a SNAP en un periodo mínimo de diez años, con el fin de garantizar estabilidad para los beneficiarios y una implementación ordenada. La medida también requiere que el Gobierno de Puerto Rico presente un plan de transición al Departamento de Agricultura y reciba asistencia técnica federal, mientras que sus proponentes sostienen que esta reforma colocaría a la isla en igualdad de condiciones con los estados y fortalecería su capacidad para responder a futuras crisis económicas o desastres naturales.
Hernández reiteró que continuará trabajando durante las negociaciones del Farm Bill para asegurar que las familias puertorriqueñas tengan acceso justo y confiable a los programas federales de nutrición.
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