Contraloría revela deficiencias en la fiscalización de negocios e inversionistas con exenciones bajo la ley 60
"Todo lo que se da no es un regalo", destacó la contralora Yesmín Valdivieso
La Contraloría de Puerto Rico emitió un informe sobre las operaciones fiscales del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), revelando deficiencias con la fiscalización de los negocios e inversionistas con decretos de las leyes 20 y 22 del 2012, mejor conocida como la Ley 60.
Del examen de una muestra de 10 de los 2,226 decretos a negocios, se identificó que la Oficina de Incentivos del DDEC no requirió a uno de los negocios la creación de tres empleos directos, no requirió la declaración jurada de la fecha de comienzo a otro de los negocios, no requirió informes anuales contributivos a dos negocios, ni requirió ocho planillas de contribución sobre ingresos a cuatro accionistas de tres negocios. Ante el requisito de tener oficina o establecimiento localizado en Puerto Rico, los auditores no localizaron la oficina de uno de los negocios, no pudieron validar la existencia de otra oficina que había sido disuelta y otro negocio tenía arrendada una oficina virtual.
Además, la Oficina de Incentivos no le requirió los informes anuales a un inversionista, ni requirió evidencia de Statement for Individual del Internal Revenue Services a cinco inversionistas, ni solicitó evidencia a dos inversionistas de donaciones obligatorias de al menos $5,000 a entidades sin fines de lucro.
“Todos estos incentivos que se te dan se te dan a cambio de diferentes cosas, ya sea creación de empleo, o para cualificar tienes que enviar un informe anual. O sea, todo lo que se da no es un regalo”, dijo la contralora, Yesmín Valdivieso en Dígame la Verdad sobre el informe. “El problema es que eso nunca se fiscalizó. O sea, yo te daba la exención y después que la gente corra con lo que haya”.
La auditoría de cuatro hallazgos señaló que luego de nueve años sin auditar el cumplimiento de los decretos, el DDEC formalizó un contrato el 7 de abril de 2021, con una firma de consultoría financiera para realizar la auditoría.
El informe revela que los secretarios del DDEC en funciones, no prepararon los informes anuales del 2016 al 2019 que por ley deben presentarle al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Además, al 23 de julio de 2020, el Departamento no había promulgado un reglamento, carta circular o determinación administrativa que regulara la presentación de la solicitud del decreto, la imposición de penalidades por incumplimiento y los procesos de fiscalización y elaboración de auditorías de cumplimiento, entre otros. Esta ausencia de reglamentación pudo haber dejado sin mecanismos legales al Departamento para hacer cumplir los decretos otorgados.
Este informe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de enero de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
