La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Hatillo. El Informe revela que, el Municipio pagó $3,079 en exceso a contratista, por la disposición final de material vegetativo no peligroso. Esta cantidad equivale al 12% de los pagos por dicho servicio en los que se facturaron 439 yardas cúbicas que excedieron la capacidad de carga de los camiones. Esta cantidad fue recobrada en el 2022.
Además, se autorizó el pago de facturas sin la certificación del empleado que tuvo conocimiento de haber recibido los servicios, se identificaron cientos de recibos que no tenían los datos de tablilla, marca y capacidad en yardas cúbicas de los camiones, y algunos eran ilegibles. Estas situaciones impidieron verificar la corrección, exactitud y propiedad de los desembolsos.
La auditoría, de seis hallazgos, señala que el Municipio pagó $181,000 a dos contratistas en el 2018 por servicios de recogido de escombros y material vegetativo ocasionado por el huracán María, que no pudieron validarse. De esta cantidad, $120,000 eran fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias – FEMA, y $60,000 eran fondos municipales.
Contrario a las Guías de FEMA y la reglamentación vigente, el Municipio no preparó las boletas de carga (load tickets), que deben tener por escrito la información del nombre del contratista, número de tablilla y capacidad de carga, entre otros datos. El entonces director de Finanzas indicó que no se prepararon las boletas de carga porque no tenían la intención de reclamar a FEMA. Además, el Municipio pago 21 facturas sin la firma del contratista, hecho que propicia que se comentan irregularidades y no se puedan detectar a tiempo.
Al respecto el Informe comenta que FEMA le denegó al Municipio el rembolso de $72,450 por concepto del recogido y disposición de escombros y material vegetativo, ya que estos gastos se reclamaron bajo la subcategoría de renta de equipo y no en la subcategoría de remoción de escombros.
Por otro lado, al 31 de julio de 2021, no se había utilizado el módulo para la requisición de compras y servicios “Advanced Requisition Management” por cuyo acceso y uso el Municipio pagó $35,000. Este desembolso sin utilidad es contrario a la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico.
El Informe devela que la solicitud de cotizaciones para otorgar seis contratos de construcción por $240,015, no tenían el nombre, título y firma del funcionario que realizó el trámite. La evidencia testifical reveló que el director de Recreación y Deportes fue quien realizó el proceso, pero no lo documentó. Además, para estos seis contratos, el Municipio no solicitó la fianza requerida (payment bond) en cada proyecto.
El Municipio de Hatillo no presentó para la consideración de la Legislatura Municipal, la formalización de 11 convenios por $423,000 con una entidad sin fines de lucro para operar el Sistema 9-1-1 municipal. En los convenios no se estableció el uso gratuito de la oficina, los servicios de agua y electricidad, ni el préstamo de dos vehículos de motor.
Además, el Municipio pagó sin contrato $44,375 de forma indebida, a la entidad sin fines de lucro por los servicios de ambulancia y para operar el sistema 9-1-1 en octubre de 2017. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-21-22 del 23 de octubre de 2020.
El Informe comenta la multa de $6,000 que la Oficina de Ética Gubernamental le impuso al alcalde por utilizar el salón de conferencias y la oficina de alcalde, para grabar una promoción en vídeo de su candidatura política mientras se desempeñaba como alcalde interino. El 10 de junio de 2022 se emitió la resolución de acuerdo de pago.
El Municipio contrató al presidente de una corporación como agrónomo para mejorar el paisajismo de la plaza pública, sin tener la licencia vigente y la colegiación requerida para ejercer la profesión. Esta situación se remitió el 10 de agosto de 2022 a la consideración de los presidentes de la Junta Examinadora y Colegio de Agrónomos de Puerto Rico.
Al 25 de abril de 2022, el Municipio no había evaluado una recomendación de recobro por $3,000, relacionada con la subcontratación sin autorización de la administración municipal, de servicios de estudio de suelo.
La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
Este segundo y último informe de Hatillo, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
