La abogada feminista Amárilis Pagán señaló en Radio Isla 1320 que persisten fallas en la respuesta del Estado a la violencia de género y cuestionó el cumplimiento de los compromisos gubernamentales para garantizar fondos a las organizaciones que atienden a sobrevivientes.
Según expresó, el Gobierno no completó el compromiso asumido con un comité para asegurar esos recursos. Pagán sostuvo, además, que el Estado actúa como agresor de las organizaciones de mujeres y planteó que la responsabilidad de la procuradora de las Mujeres es investigar y fiscalizar, en lugar de privilegiar una relación de amistad con la gobernadora de Puerto Rico.
El financiamiento de los servicios a sobrevivientes ha generado reclamos públicos durante este año. El 16 de marzo, Metro Puerto Rico informó que organizaciones y albergues mantenían incertidumbre sobre la continuidad de sus operaciones, pese al anuncio de una transferencia de aproximadamente $1.65 millones a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). La directora de Hogar Ruth, Lisdel Flores Barger, advirtió entonces que las entidades necesitaban certeza sobre las adjudicaciones para sostener sus servicios.
En ese momento, Flores Barger sostuvo que garantizar la disponibilidad de recursos forma parte de la responsabilidad de la OPM. No obstante, también reconoció que la procuradora, Astrid Piñeiro Vázquez, había mantenido comunicación con las organizaciones sobre las gestiones para conseguir y desembolsar los fondos.
Posteriormente, en mayo, Piñeiro Vázquez anunció más de $2.4 millones en fondos federales para organizaciones que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género. Según reportó Metro, la asignación correspondía a los programas STOP Violence Against Women y Sexual Assault Services Program para el año fiscal 2026-2027, destinados a servicios legales, protección y atención especializada a sobrevivientes de agresión sexual. Ese anuncio, por sí solo, no permite determinar si se cumplió el compromiso específico señalado por Pagán.
Los cuestionamientos de Pagán sobre la función fiscalizadora de la Procuraduría también tienen antecedentes. En una columna publicada por El Nuevo Día en marzo de 2025, la abogada y exdirectora ejecutiva de Proyecto Matria criticó lo que describió como el debilitamiento de la OPM y el alejamiento de su misión de defender los derechos de las mujeres. Ese planteamiento corresponde a su evaluación del desempeño institucional.
Contexto estadístico
Los datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reflejan que, entre 2021 y agosto de 2026, se registraron 263 homicidios de mujeres, de los cuales 128, equivalentes al 48.7 %, fueron clasificados como feminicidios. De estos, 119 —el 93 %— correspondieron a feminicidios íntimos o familiares, según la clasificación del sistema. Las cifras muestran la presencia de violencia letal contra las mujeres en el contexto de relaciones cercanas.
Por su parte, el Observatorio de Equidad de Género contabilizó 60 feminicidios y 113 intentos de feminicidio entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2026. Posteriormente, el 9 de noviembre, su portavoz, Ilia Vázquez, informó a Radio Isla que el conteo había aumentado a 62 feminicidios, de los cuales 10 habían sido clasificados como íntimos.
En cuanto a la violencia doméstica, una presentación del Negociado de la Policía disponible en el portal del Instituto de Estadísticas establece que durante 2024 se investigaron 9,421 incidentes, equivalentes aproximadamente a uno cada 56 minutos. En comparación con los 7,689 incidentes registrados en 2023, esto representa un aumento aproximado de 22.5 %. Estos datos corresponden a incidentes reportados y no necesariamente a personas distintas.
La misma presentación identifica diferencias por sexo. Para 2024, la tasa ajustada por edad fue de 509.5 incidentes por cada 100,000 mujeres, frente a 125.2 por cada 100,000 hombres. Estas tasas fueron identificadas como preliminares y describen los incidentes registrados, no la proporción total de personas que experimentaron violencia doméstica.
Las cifras de las distintas entidades deben interpretarse según sus períodos y criterios de clasificación. El Observatorio utiliza una metodología que incluye el monitoreo de noticias y la corroboración con otras fuentes, así como categorías de feminicidios directos e indirectos. Por ello, sus conteos no son directamente equivalentes a los registros gubernamentales ni deben sumarse entre sí. De igual forma, las estadísticas policiales recogen los incidentes reportados, por lo que no permiten establecer por sí solas la magnitud total de la violencia que ocurre en Puerto Rico.
