Departamento de Corrección y organización comunitaria avalan medida para prohibir el discrimen laboral por antecedentes penales
La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana I. Escobar Pabón, avaló hoy en una vista pública la legislación sustitutiva a los Proyectos de Senado 144 y 147, que persiguen establecer como política pública en Puerto Rico la prohibición del discrimen, por parte del patrono, contra los empleados y candidatos a empleo con antecedentes penales.
La pieza legislativa también establece límites para la consideración de los historiales delictivos por parte de los patronos.
“No hay duda de que las exclusiones que crea el discrimen que sufren las personas por razón de sus antecedentes penales, a pesar de ya haber cumplido su pena, obstaculizan cualquier oportunidad de progreso y rehabilitación. Precisamente, esta propuesta legislativa busca erradicar dicha problemática, y crea una protección clara del derecho de los ciudadanos a rehabilitarse”, explicó la ejecutiva del DCR.
Escobar Pabón resaltó que la eliminación de requerir un certificado de antecedentes penales ayudaría a las personas que cumplieron una pena a competir en el mercado laboral. Aseguró que actualmente, la población de exconvictos se encuentra en una situación compleja y de desventaja frente a los demás. “Se mantiene en sus hombros el peso de la condena que ya se extinguió”.
Al mismo tiempo, la directora ejecutiva de la organización comunitaria Taller Salud, Tania Rosario Méndez, destacó que las medidas, propuestas por los senadores Joanne Rodríguez Veve, José A. Vargas Vidot y Henry Neumann Zayas, “es el primer paso para crear un marco jurídico que permita el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales”.
“Estas legislaciones, también representan para los patronos la oportunidad de reformar su esquema de contratación actual basándose en sus necesidades, mejores prácticas dentro del área de recursos humanos, y protección de sus intereses”, explicó Rosario Méndez en ponencia escrita.
