La controversia entre la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, y la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, escaló luego de que Medina Díaz denunciara que fue presionada y hostigada para firmar contratos millonarios, entre ellos uno relacionado con el proyecto Star Academy.
Medina Díaz ha sostenido que sus diferencias con Roig Fuertes surgieron luego de que se negara a firmar un contrato de aproximadamente $38.5 millones, que contemplaba el uso de fondos federales del programa TANF. La exadministradora también ha alegado que ADSEF no participó en la evaluación, selección ni adjudicación inicial del proyecto y que tenía reservas sobre el uso de esos fondos para los servicios propuestos.
Sin embargo, la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Bofelli, rechazó que a Medina Díaz se le hubiese requerido firmar contratos relacionados con Star Academy y aseguró que las decisiones sobre el proyecto se tomaron internamente.
Durante una entrevista hoy, miércoles, en Pega’os en la Mañana, Bofelli también cuestionó la participación de la exadministradora en las conversaciones relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Según explicó, mantiene reuniones semanales sobre estos asuntos desde antes de que Medina Díaz asumiera como administradora de ADSEF.
“Cuando no eres parte activa de las conversaciones, pues entonces hay mucho que se queda fuera”, sostuvo Bofelli, quien afirmó que la falta de participación de Medina Díaz podía poner en riesgo los fondos del PAN.
“No hay ningún señalamiento, pero no queremos llegar a eso”, añadió.
Bofelli calificó como “inaceptable” que la exadministradora no hubiese participado activamente de estas reuniones, al considerar que el manejo de estos programas formaba parte de las responsabilidades de ADSEF.
“Yo no puedo entender que la exadministradora, viendo quién tiene el programa bajo su sombrilla, no fuese a participar y no le diera la prioridad a este tema… Es una falta de ejecución y es inaceptable. Desde hace tiempo nosotros estamos teniendo estas reuniones semanalmente”, afirmó.
En medio de esta controversia, Proyecto Dignidad (PD) solicitó hoy la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ante la gravedad de los recientes señalamientos relacionados con la destitución de la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, y las controversias en torno a procesos de contratación que involucran millones de dólares en fondos públicos.
Medina Díaz ha alegado públicamente que sus diferencias con la secretaria de la Familia surgieron luego de negarse a firmar un contrato de aproximadamente $38.5 millones relacionado con el proyecto Star Academy, para el cual se contemplaba utilizar fondos federales del programa TANF. La exadministradora ha sostenido que tenía serias reservas sobre el uso de esos fondos para los servicios propuestos y que ADSEF no participó en la evaluación, selección ni adjudicación inicial del proyecto.
Según Medina Díaz, sus objeciones fueron comunicadas por escrito y el contrato finalmente no fue formalizado. La exadministradora también ha denunciado alegadas presiones relacionadas con otra propuesta de aproximadamente $300,000 para servicios de tecnología y adiestramiento, que, según sus expresiones públicas, entendía que no respondía a una necesidad de ADSEF. Asimismo, ha alegado intentos de intervención desde el Secretariado del Departamento de la Familia en la evaluación de propuestas que correspondía realizar a un comité constituido en ADSEF.
La secretaria Roig ha negado categóricamente estas alegaciones, las ha calificado como falsas y ha exhortado a Medina Díaz a presentarlas bajo juramento ante los foros correspondientes. Por su parte, la secretaria de la Gobernación ha atribuido la destitución de Medina Díaz a señalamientos de insubordinación, falta de respuesta y deficiencias en el desempeño de sus funciones.
Ante las versiones contradictorias y la magnitud de los fondos públicos involucrados, Proyecto Dignidad considera indispensable que se realice una investigación independiente y transparente que permita establecer los hechos, examinar los procesos de contratación y determinar si hubo actuaciones impropias.
La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, expresó:
“Lo que ha trascendido públicamente es demasiado serio para reducirlo a una simple diferencia administrativa entre dos funcionarias. Estamos hablando de una exadministradora de ADSEF que alega haber recibido presiones para poner su firma en procesos de contratación que involucraban millones de dólares y sobre los cuales había levantado objeciones. Los fondos destinados a nuestras familias más vulnerables exigen el más alto nivel de transparencia y responsabilidad. Ningún funcionario debe ser presionado para firmar un contrato sobre el cual tenga dudas legales, fiscales o administrativas. Estos señalamientos tienen que investigarse hasta sus últimas consecuencias.”
Proyecto Dignidad reclamó que una investigación examine el origen de ambas propuestas, los procesos utilizados para evaluar y seleccionar a los proveedores, los funcionarios que intervinieron y las comunicaciones entre ADSEF y el Departamento de la Familia. Asimismo, solicitó que se esclarezca la elegibilidad del uso de fondos TANF para los servicios contemplados en el proyecto Star Academy.
La colectividad entiende que las explicaciones ofrecidas hasta el momento no son suficientes ante la naturaleza de los señalamientos y la cantidad de fondos públicos involucrados. Para Proyecto Dignidad, corresponde esclarecer no solo las razones de la destitución de Medina Díaz, sino también las circunstancias que rodearon los contratos que esta asegura haberse negado a firmar.
Pérez Martínez concluyó:
“Ante la gravedad de estos señalamientos y la pérdida de confianza que generan, Proyecto Dignidad solicita la renuncia de la secretaria Suzanne Roig y reclama una investigación independiente. El Gobierno tiene que explicar por qué una funcionaria que asegura haber levantado objeciones sobre contratos millonarios terminó fuera de su cargo. El pueblo merece conocer toda la verdad. Si las actuaciones fueron correctas, que la evidencia así lo demuestre; y si hubo irregularidades o presiones indebidas, quienes resulten responsables tienen que responder. Los fondos públicos pertenecen al pueblo y su manejo exige transparencia y absoluta rendición de cuentas.”
Proyecto Dignidad reiteró que los recursos destinados a atender a las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico deben administrarse bajo estrictos controles de legalidad, transparencia y fiscalización.
