La organización Espacios Abiertos (EA) publicó hoy, miércoles, un informe en el que detallan que hubo un descontrol en los gastos por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) en el 2024, al punto de sobrepasar los $2 mil millones en pagos a consultores, asesores y abogados.
Según el informe, la Junta ha gastado y los puertorriqueños han pagado “$308,111,005 para consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III, $11,329,555 para el Oficial Examinador y $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal, para un total de $2,021,957,705. La organización, que promueve un gobierno abierto y mayor transparencia fiscal, llama la atención a la falta de transparencia de la Junta, destacando que la Junta no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al no incluir en sus informes el 84.8 por ciento del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños“, indicaron en declaraciones escritas.
Utilizando como base los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador de los casos Título III pendientes ante la corte de quiebra, para 2023 en un Informe titulado:“Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración en Puerto Rico”, EA calculaba el gasto de la Junta en poco más de $1,500 millones de dólares. Ahora, al actualizar los datos a diciembre de 2024 utilizando las mismas fuentes anteriormente consultadas, Espacios Abiertos identificó que en ese nuevo periodo el gasto en consultores continuó y se elevó en más de $520 millones, un aumento en gastos de consultoría de un 34.77 por ciento, para un total acumulado pagado a consultores hasta el primer trimestre de 2024 de $2,021,957,705.
El economista Daniel Santamaría Ots observó que “con ese nivel multimillonario de gasto es alarmante la falta de transparencia de la Junta y la pobre fiscalización de la Junta a esos efectos por el Congreso y el Gobierno de Puerto Rico”.
Precisamente para aportar a dar más visibilidad del gasto de la Junta y el costo de PROMESA para Puerto Rico, Espacios Abiertos recopila datos que están distribuidos en distintas fuentes y mantiene en su Observatorio Fiscal (observtoriofiscalpr.com) tablas y gráficas actualizadas, que demuestran la trayectoria y renglones de gastos de la Junta.
El total de gastos desde junio 2023 hasta diciembre de 2024 que encontraron los analistas fueron: de $297,774,055 a $308,111,005 para consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III; de $9,780,502 a $11,329,555 para el Oficial Examinador; y de $1,006,718,638 a $1,702,517,144 para los consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal.
Los analistas recordaron que cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, con la intención de reestructurar la deuda y economizar en gastos, se basaron en que el costo total de PROMESA sería $370 millones, según la proyección de la oficina congresional de presupuesto (Congressional Budget Office o CBO).
“La diferencia entre lo proyectado y la realidad es de $1.6 billones hasta la fecha. En 2016, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que Puerto Rico pagaría $370 millones en un período de 10 años. Sin embargo, en solo ocho años, la cifra real ha superado los $2 billones, un aumento del 446.47% sobre lo estimado”, señaló Wilmarí de Jesús Álvarez, analista de política pública en EA. “Vale la pena preguntarnos si esto cumple las expectativas congresionales”.
Con el análisis sobre los datos de la corte federal se puede visualizar en las gráficas de EA el gasto total desembolsado por litigios relacionados con PROMESA. Entre los cinco principales pleitos que hay en la corte, se identifican pagos a consultores, asesores financieros, mediadores y abogados, distribuidos de la siguiente manera:
- $1,120,342,804 del pleito del Gobierno de Puerto Rico
- $ 438,803,487 de la AEE
- $ 62,816,103 de COFINA
- $ 51,165,166 de la Autoridad de Carreteras
- $ 39,758,739 del Sistema de Retiro del ELA
- $ 960,400 en el caso de la Autoridad de Edificios Públicos.
Además, se han desembolsado $308,111,005 a consultores contratados fuera del proceso de Título III, los cuales son detallados parcialmente por la Junta de Supervisión Fiscal y pagados de su presupuesto anual.
Los gastos en consultores del pleito del Gobierno Central aumentaron de $870,449,697 a $1,109,013,249, reflejando un incremento del 27.41%. La AEE tuvo el mayor aumento relativo, de $181,100,752 a $438,803,487, lo que representa un incremento del 142.30 por ciento.
El caso de la Autoridad de Carreteras (ACT) también vio un aumento, de $41,004,842 a $51,165,166, para un 24.78 por ciento más. El del Sistema de Retiro pasó de $36,658,795 a $39,758,739, aumentando en 8.46 por ciento. Mientras que COFINA y Edificios Públicos presentan variaciones mínimas ya que los pleitos han culminado.
Para más detalles sobre los hallazgos de la organización, consulte su página web e informes.
