La Comisión de Ética del Senado espera recibir formalmente el referido para evaluar el caso del senador Héctor Joaquín Sánchez, quien solicitó separarse de varias comisiones legislativas tras los señalamientos por presuntamente trasladar estudiantes a un evento político sin autorización de sus encargados.
El senador Juan Oscar Morales anunció que referiría el asunto a Ética. Mientras que la controversia también está bajo atención de los departamentos de Justicia y Educación.
“El presidente del Senado anunció ayer, en la sesión, que iba a referir oficialmente este asunto a la Comisión de Ética y vamos a estar esperando que nos llegue formalmente para activar lo que es el código ético del Senado de Puerto Rico”, dijo Morales.
Expresiones Autorizadas del Presidente de la Cámara de Representantes sobre Senador Héctor Joaquín Sánchez
“Conocemos el compromiso, profesionalismo y dedicación con la cual el senador por el Distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez, se ha desempeñado; siempre asistiendo y procurando lo mejor para los residentes de su distrito”.
“Advenimos en conocimiento de un referido ante el Departamento de Justicia y respaldamos las acciones tomadas por el Senador. Nos encontramos confiados en que luego de concluir este proceso, toda la verdad saldrá a la luz y el Senador continuará aportando a mejorar la calidad de vida de sus constituyentes”.
Por otra parte, el Partido Proyecto Dignidad reaccionó y sostuvo: “La escuela es para educar, no para hacer política partidista. Los estudiantes merecen protección, los padres merecen respeto y los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas. Ante las alegaciones relacionadas con la participación de estudiantes de una escuela de Loíza en una actividad política en Camuy, en la que se ha señalado al senador Héctor Joaquín Sánchez, Proyecto Dignidad exige una investigación rigurosa, transparente y respuestas claras.
A esta controversia se suman los señalamientos de madres de los estudiantes involucrados, quienes, según se ha informado, han cuestionado la versión del senador de que contaba con autorización verbal para la participación de los menores en dicha actividad. Esta contradicción debe esclarecerse, pues el consentimiento de los padres no puede darse por sentado ni sustituirse por decisiones de funcionarios públicos”.
La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda A. Pérez Martínez, expresó: “Los Menores no son instrumentos políticos ni las escuelas pueden convertirse en centros de reclutamiento partidista. Es inaceptable que se pretenda justificar la participación de menores en actividades políticas sin que exista claridad sobre el consentimiento de sus padres. La autoridad de los padres sobre la crianza y protección de sus hijos debe respetarse. Ningún funcionario público está por encima de ese principio”.
Pérez Martínez añadió:“Si las madres han cuestionado la versión del senador sobre las autorizaciones, corresponde investigar quién tomó la decisión de trasladar a esos estudiantes, bajo qué circunstancias y quién asumió la responsabilidad de su seguridad. Aquí no se trata de colores políticos, sino de proteger a nuestros menores y exigir que los funcionarios públicos respondan por sus actuaciones”.
Proyecto Dignidad sostiene que ningún funcionario público, independientemente de su partido, debe utilizar su posición de poder para involucrar indebidamente a menores de edad en actividades político-partidistas.
Es indispensable esclarecer quién autorizó la salida de los estudiantes, si existió consentimiento válido de sus padres, qué participación tuvieron los funcionarios escolares y si se utilizaron recursos públicos para fines partidistas.
La patria potestad y los derechos de los padres deben respetarse. Ninguna agenda política puede estar por encima de la seguridad, la educación y el bienestar de nuestros niños y jóvenes.
De confirmarse irregularidades, deben imponerse las consecuencias administrativas, éticas o legales que correspondan, sin privilegios ni consideraciones partidistas y respetando el debido proceso de ley.
Finalmente, Pérez Martínez enfatizó: “Nuestros hijos no son herramientas de campaña. Las escuelas no son comités políticos. La confianza de los padres en nuestro sistema educativo no puede ponerse en riesgo por intereses partidistas. Puerto Rico merece instituciones que protejan a nuestros niños y funcionarios que rindan cuentas”.
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