Exalcalde de Trujillo Alto se declara culpable a nivel federal por aceptar sobornos

El exalcalde del Municipio de Trujillo Alto, Puerto Rico, José Luis Cruz Cruz, de 62 años, se declaró culpable el martes porparticipar en una conspiración de soborno en la que recibió pagos en efectivo a cambio de la adjudicación de contratos municipales de asfaltado y pavimentación, así como contratos municipales de recolección de basura.

Según los documentos judiciales, en 2020 y 2021, Cruz Cruz solicitó y aceptó múltiples pagos de sobornos del Individuo A y del Individuo B a través del Individuo C. El Individuo A era propietario de una empresa de asfalto y pavimentación adjudicataria de contratos municipales en Trujillo Alto. El individuo B era propietario de una empresa de recolección de basura adjudicataria de contratos municipales en Trujillo Alto. José Luis Cruz Cruz, como alcalde, instruyó a los empleados municipales para ejecutar estos contratos. En 2020 y 2021, José Luis Cruz Cruz acordó con el Individuo C que el Individuo C solicitaría y obtendría pagos en efectivo de contratistas municipales. Durante ese período, José Luis Cruz Cruz recibió aproximadamente 10,000 dólares del Individuo A y el Individuo B a través del Individuo C en pagos de sobornos en efectivo.

Cruz Cruz se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el agente especial a cargo Joseph Gonzalez de la oficina local del FBI en San Juan hicieron el anuncio. La Oficina de Campo del FBI en San Juan investigó el caso.

El abogado litigante Nicholas Cannon de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Seth Erbe para el Distrito de Puerto Rico están a cargo de la acusación en el caso.

Este caso es parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para combatir la corrupción pública por parte de los funcionarios municipales en Puerto Rico. Además de los asuntos anteriores, la Sección de Integridad Pública y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico han obtenido recientemente condenas contra otros ex funcionarios públicos y contratistas en el Distrito de Puerto Rico por solicitar y aceptar sobornos relacionados con contratos municipales. Ver Estados Unidos v. Pedro Marrero-Miranda, 22-251 (RAM); Estados Unidos v. Ramón Conde-Meléndez, 22-221 (PAD); Estados Unidos v. Eduardo Cintrón-Suárez, 22-151 (SCC); Estados Unidos v. Luis Arroyo-Chiqués, 21-485 (SCC); Estados Unidos v. Félix Delgado-Montalvo, 21-463 (RAM); Estados Unidos v. Oscar Santamaría-Torres, 21-464 (RAM); y Estados Unidos v. Raymond Rodríguez, 21-465 (RAM).

Además, el departamento obtuvo recientemente acusaciones acusando a varios exfuncionarios y contratistas de soborno relacionado con contratos municipales, y esos casos aún están pendientes. Ver Estados Unidos v. Mario Villegas-Vargas, 21-468 (FAB); Estados Unidos v. Ángel Pérez-Otero, 21-474 (ADC); Estados Unidos v. Radamés Benítez-Cardona, 21-475 (PAD); Estados Unidos v. Javier García-Pérez, 22-185 (ADC); y Estados Unidos v. Reinaldo Vargas-Rodríguez, 22-186 (PAD).