Falta de información lleva a representantes del interés público a abstenerse de voto de la extensión del contrato de LUMA

Uno de los dos representantes del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad para Alianzas Público Privadas, Eduardo Ferrer, alega que el resto de la junta intentaron forzar el voto de ambos en la decisión sobre la extensión del contrato para LUMA Energy.

“Nos querían obligar y emitieron su voto los demás miembros de la junta bajo la ley 29 de las Alianzas Público Privadas. La ley 120 establece que cualquier transacción que se haga con la Autoridad [de Energía Eléctrica] necesita el voto afirmativo de los representantes de interes publico, y ellos obviaron esa ley  y querían obligarnos a votar bajo la ley 29, por eso nosotros nos abstuvimos”, explicó el expolitico Eduardo Ferrer Ríos

La ley de Alianzas Público Privadas del 2009, mejor conocida como Ley 29, establece la Junta de Directores para la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y que cualquier miembro que no pueda asistir a una reunión citada por el Presidente de la Junta para la consideración de una transacción será obligado a emitir su voto vía mecanismos alternos establecidos por la Junta.  La ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, conocida como la ley 120, sigue lo establecido en la ley 29 y añade que la aprobación de cualquier transacción de la AEE por la Junta de Directores de la Autoridad tiene que contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público. Si no se obtiene el voto afirmativo de uno o ambos miembros del interés público, se entiende que la como rechazada la Transacción de la AEE, mientras que un voto de abstención por uno o ambos miembros del interés público se interpreta como un voto en contra de los procesos establecidos.

“Tampoco nos dieron los documentos para nosotros evaluar la extensión del contrato. A nosotros nos convocaron el sábado 26 [de noviembre] con un documento de 3 paginas que decía que iban a utilizar la ley de alianza público privada para aprobar y que nuestro voto no era necesario” informo Ferrer sobre la falta de información que llevó a que él y su compañera Liza Ortiz Camacho a abstenerse del voto.

“Francamente, si hubiésemos tenido la gentileza de parte de la junta de darnos los documentos, las métricas, que se iba a hacer para corregir las deficiencias del contrato y extenderlo por un periodo razonable, quizás nosotros hubiésemos pensado en coincidir pero no nos dieron nada para nosotros evaluar la situación”, concluyó. 

Ferrer y Ortiz Camacho actualmente se encuentran analizando con asesores legales si tienen posibilidad de planteamiento exitoso en los tribunales.