Federales arrestan a 11 personas por narcotráfico mediante servicio postal
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos y el Negociado de la Policía de Puerto Rico investigan el caso
Un gran jurado federal emitió una acusación formal de nueve cargos acusando a 11 personas por tráfico de drogas, anunció el jueves, W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
“El tráfico de drogas representa una amenaza significativa para la salud y la seguridad públicas”, dijo Muldrow en declaraciones escritas. “Esta organización criminal distribuyó cocaína en comunidades de la costa este de diversas formas, incluido el correo”.
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos y el Negociado de la Policía de Puerto Rico investigan el caso.
Según documentos judiciales, desde abril de 2019 y hasta septiembre de 2022, los siguientes acusados, a sabiendas e intencionalmente, combinaron, conspiraron y acordaron con otros, para poseer con la intención de distribuir cocaína utilizando el Servicio Postal de Estados Unidos: Emmanuel A. Fernández García; Edwin Orlando Carrasquillo; Efraín Guillermo Vila Serrano; Marymar Marrero Torres; Pedro Benjamín Marrero Torres; Arajulia Ramírez Del Valle; Sebastián Restrepo Cano; Luis Dejesús III; Gadelys Rosario Alvarado; Tyrone José Beltrán Lugo; y David Custodio Hernández.
Los arrestados enfrentan una acusación de decomiso de narcóticos por valor de 6,930,000 dólares.
“Los arrestos realizados hoy en Massachusetts, Florida y Puerto Rico resaltan el amplio alcance del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos cuando se trata de desmantelar organizaciones criminales de tráfico de drogas que representan una grave amenaza para la seguridad pública”, dijo Ketty Larco-Ward, inspectora a cargo del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, División de Boston.
Los acusados arrestados en Puerto Rico tienen programada su comparecencia inicial ante el juez federal Héctor Ramos Vega del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión por la conspiración imputada en el primer cargo de la acusación.
El fiscal federal adjunto R. Vance Eaton está a cargo del caso.
