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Panel sobre el FEI acoge recomendación de investigar al exsecretario de Educación

Los funcionarias y ex funcionarios a ser investigados, además del exsecretario, son Osvaldo Guzman López, exsubsecretario de Administración; Carlos M. Malavé Irizarry, Secretario Auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares; y Evelyn Rodriguez Carde, directora de Finanzas del Departamento de Educación

Una querella que tuvo su origen en una carta remitida par la Junta de Supervisión Fiscal (3SF) al Secretaria de Justicia, desemboco en que el Panel sobre el FEI (PFEI) designará un fiscal especial contra el exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y otros funcionarias de esa agencia, par autorizar el pago par locales arrendadas cuyos contratos no estaban vigentes.

El Secretaria de Justicia, Hon. Domingo Emanuelli, recibió Ia carta de la JSF, y tras investigar los señalamientos, recomendó la designación de un FEI. Los funcionarias y ex funcionarios a ser investigados, además del
exsecretario, son Osvaldo Guzman López, exsubsecretario de Administración; Carlos M. Malavé Irizarry, Secretario Auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares; y Evelyn Rodriguez Carde, directora de Finanzas del Departamento de Educación.

El Panel designó para Ia pesquisa a fonda al Lcdo. Manuel E. Nuñez Corrada coma fiscal especial independiente y al Lcdo. Emilio E. Arill García coma fiscal delegado.

Según se desprende del Informe de Investigación Preliminar realizado por Ia División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), la JSF a través de su Asesor Legal, Lcdo. Jaime A. El Koury, remitió al Secretaria de
Justicia los hallazgos de la evaluación de varios contratos de Educacion.

El reclamo de la Junta fue que Educación desembolso ilegalmente una cantidad considerable de fondos públicos ascendentes a cientos de miles de dólares, para el pago por arrendamiento de propiedades cuyos contratos estaban vencidos. Culminada Ia investigacion de la DIPAC, la prueba recopilada tiende a demostrar que los aludidos funcionarios pudieron haber incurrido en varias violaciones a los Artículos 262 y 264 del Código Penal.
El Panel justipreció el informe de la DIPAC con la prueba referida y les concedió a los mencionados fiscales el término de 90 días para profundizar en la pesquisa.

 

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