FEI archiva querella de la Junta de Control Fiscal contra Eligio Hernández
Ante la conclusión de los fiscales, el Panel sobre el FEI ordenó el archivo del asunto y refirió el expediente a la Oficina del Contralor para cualquier determinación administrativa que proceda
La alegación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que Eligio Hernandez Perez, exsecretario del Departamento de Educación, junto a otros funcionarios de administración y finanzas de esa agencia, desembolsaron ilegalmente cuatro millones de dólares por pago de arrendamiento de propiedades con contratos vencidos, no prosperó por falta de intención criminal, por lo que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenó el archivo del asunto.
Por el contrario, la investigación de los Fiscales Especiales Independientes (FEI), Manuel E. Nuñez Corrada y Emilio E. Arill García concluyó que Hernández Pérez obró como un funcionario público prudente y razonable, y que no hubo prueba de pérdida de fondos federales.
Fue una comunicación recibida en el Departamento de Justicia del licenciado Jaime A. El Koury, en representación de la JSF, que incluyó los hallazgos de la evaluación de algunos contratos del Departamento de Educación (DE), alegando el desembolso de fondos públicos por arrendamiento en contratos ya vencidos.
La investigación inicial de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) refería que había causa suficiente para creer que el exsecretario había cometida las delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber, tipificados en las artículos 264 y 262 del Código Penal de Puerto Rico.
Aseveran los FEI que las recomendaciones de Justicia no se sostienen en Derecho con la prueba recopilada, ya que no surge de la misma la intención criminal de ninguno de los funcionarios aludidos.
Nuñez Corrada y Arill García concluyeron que no existe la suficiencia de prueba necesaria para derrotar la presunción de inocencia, mas alla de duda razonable.
Ante la conclusión de los fiscales, el Panel sobre el FEI ordenó el archivo del asunto y refirió el expediente a la Oficina del Contralor para cualquier determinación administrativa que proceda, según su análisis.
