Funcionaria de Salud entiende que el proceso de compra de pruebas estuvo bien
Sigue la vista pública sobre el lío de las pruebas rápidas COVID-19 en la agencia.
La Comisión de Salud de la Cámara que preside el representante, Juan Oscar Morales, lleva a cabo el martes, una Vista Ejecutiva en torno a la Resolución de la Cámara 1741 que ordena realizar una investigación expedita sobre la distribución de recursos a las agencias y municipios durante la emergencia del coronavirus; la distribución de pruebas para detectar el Covid-19 y los procedimientos para la adquisición de ventiladores.
Durante los trabajos legislativos, fueron citados Graciela Malavé, una funcionaria contratada por Servicios Profesionales y quien tuvo a su cargo la evaluación de la Forma 113 que autorizó la compra de un millón de pruebas rápidas para COVID-19.
Malavé funge en Oficina de preparación y coordinación de respuestas de Salud Pública, dirigida por la doctora Jessica Cabrera. Gerente de evaluación de ejercicios y coordinadora interagencial en el COE estatal.
Explicó que recibió una orden de compra bajo el Formulario 113 para la adquisición de Pro Medical Test Kits COVID-19. Detalló que la cotización es de APEX por 42 millones de dólares para un millón de pruebas rápidas.
Su rol, según explicó a la Comisión Especial, fue una evaluación de los documentos relacionada con la emergencia, pero no interviene en los asuntos de compra y cuantías en los documentos.
“Yo no evalúo compras, no tengo criterios para comprender si estaba caro o no estaba caro”, dijo Malavé al ser cuestionada por el presidente de la Comisión Especial en torno a si no le pareció sospechoso el alto costo de la prueba.
“Al yo ver la 113 vi que estaba relacionado a Salud. Yo solo la procesé”, insistió. “Yo no le puedo decir que ese contrato ya estuviera firmado antes de yo verlo”, añadió.
Cuestionada si el contrato fue anejado a la Forma 113 de compra -que previamente aseguró que sí- pero no respondió.
El presidente de la Comisión le increpó sobre si durante su proceso de evaluación ya el contrato estaba firmado, la deponente no contestó.
Mencionó bajo preguntas de Rafael “Tatito” Hernández, que cuando se manejó los documentos, no existía secretario y subsecretario de Salud por lo que la decisión recae en Adil Rosa Rivera.
Asimismo, indicó que teme que su contrato sea rescindido. “Como es mi firma la que está, pues yo estoy quedando como la responsable de lo que hubiera ocurrido. Esto recae sobre mis hombros”, dijo la contratista.
Cuestionada sobre si a su entender, el proceso estuvo mal desde el principio, la deponente contestó: “no”.
Dicha comisión, ordena indagar sobre las compras y distribución de equipos requeridos durante la emergencia y sobre la administración de la plataforma digital para la renovación de las 800 licencias que se conceden a través de la agencia.
Los integrantes de la Comisión Especial son María Milagros “Tata” Charbonier, Ángel Bulerín Ramos,
Lydia Méndez Silva, Jesús Manuel Ortiz González, Denis Márquez Lebrón, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, José Aponte Hernández, Gabriel Rodríguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez.
La vista pública continúa con las demás funcionarias citadas, Mariel Rivera Rivera, quien vino acompañada de un abogado, Adil Rivera Rosa, quien también vino acompañada de un abogado y Diana Meléndez Díaz.
