El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, anunció el martes que se presentó una resolución conjunta con la cual se busca separar 1,400 millones de dólares del Tesoro Estatal para restituir las aportaciones individuales que realizaron los servidores públicos al Programa de Cuentas de Ahorro, mejor conocido como “Reforma 2000” y el Programa Híbrido de Contribución Definida entre los años 2000 y 2017.
Según explicó Rosselló Nevares, durante ese periodo se le requería a los empleados públicos participantes contribuir el 8.275 por ciento y 10 por ciento de su retribución a estos programas, fondos que estarían disponibles para estos al momento de acogerse al retiro.
“Este dinero era retenido del salario de los empleados y enviado al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico para su segregación en cuentas individuales y eventual inversión para obtener un rendimiento. Debido a malas prácticas fiscales, ese proceso no se llevó a cabo adecuadamente y esos fondos fueron utilizados para cubrir otras obligaciones del Sistema de Retiro,” expresó el primer mandatario.
Dichas prácticas fiscales llevaron a que actualmente el Sistema de Retiro se encuentre en virtual insolvencia y haya tenido que entrar en un proceso de reestructuración al amparo del Título III de PROMESA.
La aprobación de la Ley 106-2017, logró que la actual administración garantizara en un 100% el pago de las pensiones de nuestros retirados, incluyendo los fondos que los servidores públicos aportaron a los programas antes mencionado entre el 2000 y el 2017. Ese dinero es incluido todos los años en el presupuesto de gastos de las entidades gubernamentales.
No obstante, como parte del proceso de reestructuración del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, se determinó apropiado segregar en estos momentos dados los fondos necesarios para restituir las aportaciones realizadas por este grupo de empleados. Según se informó, los fondos serían transferidos a una cuenta en fideicomiso, con usos restrictos, para eventualmente ser segregados individualmente conforme a lo que aportó cada servidor público.
“Con esta medida le hacemos justicia a los servidores públicos que contribuyeron parte de su salario a estos dos programas de retiro y que debido s prácticas irresponsables, nunca vieron esos fondos segregados e invertidos” añadió el ejecutivo.
El Gobernador finalizó mencionando que esta propuesta ha sido avalada por el organismo creado por PROMESA, por lo que la misma es compatible con la agenda fiscal vigente.