El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia creó, mediante Orden Ejecutiva, el Concilio de Reconstrucción de Puerto Rico cuya función será acelerar los procesos de recuperación y reconstrucción de la Isla, asunto establecido como prioridad apremiante del gobierno.
“He declarado como política pública que todo proyecto de reconstrucción a causa de los daños causados por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos recientes, será considerado como un proyecto crítico que deberá ser atendido con agilidad y urgencia, asegurando que se cumplan con las normas ambientales aplicables”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.
La Orden Ejecutiva 2021-011 establece que es prioridad de esta administración agilizar el financiamiento, y la ejecución de recomendaciones, consultas, permisos y construcción de los proyectos de infraestructura de carácter crítico y urgente, con el fin de atender los daños causados por los desastres naturales.
El Concilio de Reconstrucción que será presidido por el secretario de Estado Larry Seilhamer Rodríguez, estará también compuesto por otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico cuyas agencias están relacionadas al proceso de reconstrucción. Estas agencias son: Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), Departamento de la Vivienda, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Educación, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el secretario auxiliar de la gobernación para proyectos prioritarios.
El Concilio de Reconstrucción deberá identificar y recomendar los distintos proyectos críticos de reconstrucción y su nivel de prioridad, y emitir un informe que deberá entregar al gobernador y a la secretaria de la gobernación en el que se establecerán las recomendaciones de los proyectos y orden de prioridad. El término para presentar el informe será de 60 días a partir de la vigencia de la Orden Ejecutiva.
