Durante la Trigesimoséptima reunión pública de la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, desglosó este viernes al ente federal los desembolsos y ayudas emitidas tras el paso del huracán Fiona y defendió la Reforma del Servicio Público que, desde enero de 2023, beneficiará económicamente a los empleados del Gobierno.
“El huracán Fiona tuvo un impacto significativo en la vida de nuestra gente, especialmente en aquellos que tuvieron pérdidas en vida o propiedad. Al momento, estamos en etapa de recuperación y cada día estamos más cerca de la reconstrucción de nuestra infraestructura a la vez que desarrollamos nuestra economía de una manera sostenible”, sostuvo el Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.
Durante su alocución el gobernador informó que, tras una petición de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la JCF extendió el periodo para que el gobierno central tenga acceso al Fondo de Emergencia y de esta manera continuar ayudando directamente a los afectados por el huracán Fiona.
Hasta la fecha, el gobierno ha utilizado $73.9 millones del Fondo y de esa cantidad, $20 millones fueron distribuidos entre los municipios. También, se utilizaron $12.3 millones para distribución de alimentos y agua, $10 millones para remoción de escombros, $4.9 millones para equipo y maquinaria pesada y $4.5 millones para generadores eléctricos. A su vez, se han distribuido en toda la Isla ocho millones de botellas de agua y, mediante camiones cisterna, más de ocho millones de galones de agua potable. A esto se suman 55 mil compras de alimentos no perecederos en 62 municipios y la distribución de 161 mil galones de Diesel a municipios, hospitales, centros de emergencia y entidades gubernamentales.
Pierluisi, informó que aparte de la entrega de 300 generadores eléctricos, el Departamento de Salud ha entregado 200 generadores solares, en zonas vulnerables, a ciudadanos con condiciones críticas y hoy comenzarán a distribuir 200 adicionales para un total de 400.
En torno al servicio de energía eléctrica, para el cual LUMA reporta haber reestablecido al 99 por ciento de sus clientes, Pierluisi recordó que las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sufrieron daños significativos.
“A pesar de que la semana pasada había generación disponible, no es menos cierto de que existen problemas adicionales, como por ejemplo los daños a las plantas Aguirre y Costa Sur, a la terminal de gas natural de EcoEléctrica y al sistema de inyección de carbón de AES. Esta situación limita la capacidad de la AEE de proporcionar suficiente generación”, explicó Pierluisi.
Sobre el servicio de agua potable, el primer mandatario informó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) detalló que el 99 por ciento de los clientes cuentan con el mismo.
Para mitigar el impacto económico del huracán Fiona en los bolsillos de los consumidores se autorizó no cobrar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en los alimentos no procesados por un periodo de dos semanas que culminó ayer por lo que el Departamento de Hacienda estima pérdidas de aproximadamente $100 millones. Sin embargo, Pierluisi anticipó que debido a que la mayoría de esos ingresos provendrían de la postergación del ‘corporate income tax’ y del segundo desembolso del ‘individual income taxes’ esas pérdidas se recuperarán en los próximos meses.
“Como ha sucedido en desastres naturales anteriores, si bien es cierto que la tasa de crecimiento de desarrollo económico se reduce por varios meses después de los fenómenos atmosféricos, hay un rápido crecimiento que sobrepasa las pérdidas económicas sufridas”, esbozó el gobernador.
Pierluisi comentó que, los estimados preliminares revelan que los daños podrían llegar a $10,000 millones por lo que el gobierno central está trabajando en conjunto con FEMA para garantizar que los proyectos de reconstrucción del huracán María, que fueron afectados por Fiona se trabajen sin demora.
Otra ayuda de FEMA, que el gobernador resaltó, son los Programas de Asistencia Individual. A la fecha, FEMA ya ha aprobado 503,000 solicitudes de asistencia individual y ha pagado más de $386 millones en ayudas. Mientras, que a nivel central, agencias como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) han destinado $15 millones para ayudar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y así compensar las pérdidas provocadas por el huracán.
“Debido a que contamos con la estructura gubernamental y con el apoyo, las guías y la experiencia de FEMA, esperamos que los proyectos relacionados a Fiona se desarrollen de una manera más rápida, pues estas inversiones impactarán positivamente el desarrollo económico de Puerto Rico”, dijo el gobernador.
Por otra parte, y tras la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain esta semana, el gobernador reiteró de que a pesar de que el Plan es necesario y que reduce en un 80 por ciento la deuda de la agencia, desaprueba la intención de la Junta de aumentar a la ciudadanía anualmente los costos de los peajes.
En ocasiones anteriores el gobernador explicó que el PAD de la ACT abrirá las puertas para continuar mejorando la infraestructura vial de la Isla lo que a su vez redundará en desarrollo económico sostenible para la Isla.
En torno al deseo de la Junta de aumentar el costo de los peajes en la Isla, Pierluisi comentó que “podemos generar más ingresos de una manera más efectiva sin la necesidad de imponer aumentos tan drásticos en los peajes. La lógica y el deber deben prevalecer en todo momento y por eso el Gobierno y la Junta deben explorar otras alternativas. En el pasado he expresado públicamente mis diferencias con la Junta en la forma en que se abordan medidas puntuales y medulares incluidas en el Plan Fiscal Certificado de la ACT, no en el objetivo que se quiere alcanzar. Como en otras ocasiones, nuestras decisiones están basadas en hechos, análisis científicos y el asesoramiento de expertos en la materia”.
En otro tema, el gobernador abordó la importancia de la Reforma del Servicio Público, la cual entrará en vigor en enero de 2023. Por eso, exhortó a la Junta a continuar trabajando en conjunto con el gobierno para implementar medidas económicas que redunden en los mejores intereses de Puerto Rico.
“Siempre he dicho que el Gobierno de Puerto Rico necesita y debe implementar una Reforma de Servicio Público que sea comprensiva e integral con mejores salarios a nuestros servidores públicos. Es necesario que nuestros empleados públicos tengan salarios competitivos, pues esto se verá reflejado en la calidad de servicio del gobierno”, argumentó el gobernador.
Durante la reunión pública también se abordó el Fideicomiso de la Reserva de Pensiones establecido hace unos meses entre el gobierno y la JCF y que garantiza, durante los próximos 10 años, el pago de futuras obligaciones de pensiones con más de $10,000 millones en contribuciones. De esta forma, el gobernador reiteró que se garantizan los beneficios a pensionados y a futuros jubilados del Gobierno de Puerto Rico. Según las proyecciones del Plan Fiscal Certificado se espera que para el 2039 el Fideicomiso de la Reserva de Pensiones esté financiado en su totalidad.
