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Gobernador mantendrá vigencia de enmiendas Reforma Laboral a pesar de solicitud de la Junta para detenerla

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó el martes a las objeciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) quienes le solicitaron detener la aplicación de la Ley 41-2022 de enmiendas a la Reforma Laboral y aseguró que mantendrá la ley en vigor.

“El gobierno le suplirá a la Junta toda la información solicitada, pero mantendrá la Ley en vigor. Esto es así, ya que la Ley PROMESA no faculta a la Junta a paralizar la implementación de una ley, sino más bien le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnar la misma. De ocurrir eso, el gobierno defenderá las enmiendas a la Reforma Laboral ante el Tribunal. Como he dicho en repetidas ocasiones, el propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, incluyendo en los proyectos de la reconstrucción en curso, lo cual es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.  

El presidente de la JCF, David Skeel le envió una misiva tanto al gobernador, al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, como a los presidentes legislativos, José Luis Dalmau Santiago y Rafael “Tatito” Hernández Montañez para que detengan la Ley 41 sobre las enmiendas a la Reforma Laboral.

“La Ley 41 tiene un amplio impacto en el mercado laboral, incluyendo la reversión de la presunción en casos de despido injustificado, de modo que el empleador tiene la carga de demostrar el despido de un empleado fue justificado; acortar el período de prueba para los nuevos empleados; aumentar la duración del plazo de prescripción para ciertas acciones contra los empleadores; y expandir los beneficios obligatorios de licencia por enfermedad, vacaciones y bonos de Navidad proporcionados por el empleador. El 13 de junio de 2022, la Junta envió una carta al Gobernador y expresó sus graves preocupaciones sobre el entonces Proyecto de la Cámara 1244, específicamente, su impacto en la economía, los ingresos del Estado Libre Asociado, e inconsistencia con el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado 2022 certificado (el “Plan Fiscal”), y notificó al Gobierno que el Proyecto de la Cámara 1244 perjudicaría y/o anularía los propósitos de PROMESA en violación de § 108(a)(2). A pesar de las preocupaciones de la Junta, el gobernador promulgó la Ley 41 el 20 de junio de 2022”, reza la misiva.

“Es evidente que el Gobierno no ha llevado a cabo el análisis necesario (ya sea antes o después de la aprobación de la Ley 41) y, por razones discutidos a continuación, no ha proporcionado la certificación y la estimación formal requerida por la Sección 204(a) de PROMESA. Como se explica más adelante, la Certificación AAFAF se basa en el argumento de que el propósito de la Ley 41 es aumentar la oferta y la participación laboral, lo cual es demostrablemente falso. Ley 41 y su exposición de motivos en ninguna parte menciona ese propósito. Más bien, establece que el propósito de la Ley 41 es revertir las recientes reformas laborales destinadas a aumentar el empleo y mejorar la economía, para mejorar los derechos laborales de los empleados del sector privado. Al hacerlo, la Ley 41 recrea desincentivos a la inversión y creación de empleo en Puerto Rico”, argumenta la carta.

“A diferencia del Gobierno, la Junta ha contratado a un destacado economista para realizar un análisis económico de la Ley 41 y examinar la Comunicación. A partir de ese análisis económico así como su propia evaluación, y de conformidad con la Sección 204(a)(3) de PROMESA, la Junta le notifica a usted, así como al Gobernador y a la Legislatura, que el Gobernador no ha presentado la certificación requerida y estimación formal para la Ley 41. De conformidad con la Sección 204(a)(4) de PROMESA, la Junta ordena al Gobernador que proporcione la estimación y certificación formal que falta. Debido a la inminente fecha de vigencia de la Ley (20 de julio de 2022 para ciertos empleadores), debemos solicitar que estos documentos faltantes se proporcionen a más tardar el 22 de julio de 2022. Si el Gobierno certifica que la ley no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal, le pedimos que explique por qué eso es así a la luz de las preocupaciones planteadas a continuación.

Además, dada la determinación de la Junta de que la Ley menoscaba y/o anula los propósitos de PROMESA, el Gobierno debe suspender inmediatamente la implementación de la ley y cumplimiento, al menos hasta que el Gobierno y la Junta de Supervisión hayan intercambiado sus puntos de vista con respecto a la Ley 41 y la Junta de Control cambia su determinación (que no puede ocurrir). También instamos al Gobierno a que emita una declaración pública confirmando dicha suspensión a evitar confusiones para los empleadores privados que se preparan para la implementación de la ley”, continúa la misiva.

Asimismo, la Junta solicitó al gobernador a emitir una declaración pública confirmando dicha suspensión para evitar confusiones para los empleadores privados prepararse para la implementación de la ley a pesar de que se ha determinado que perjudica y/o derrota los propósitos de PROMESA.

“Tenga en cuenta que la Junta se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, de conformidad con las Secciones 104(k), 108(a) y 204 de PROMESA, incluida la búsqueda de remedios para impedir la implementación y ejecución de la Ley 41, así como anular la ley. Esperamos dicha acción será innecesaria. Esperamos seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo el presidente de la JCF, David Skeel, en la carta.

 

 

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