Gobernador ofrece su primer mensaje de presupuesto
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El gobernador, Pedro Pierluisi, ofreció el martes una versión enmendada del presupuesto, bajo el argumento de que la Junta de Control Fiscal “quedó corta en varias áreas”.
El primer ejecutivo destacó al principio de su mensaje la unidad y su disposición para trabajar en equipo. Entre los temas que tocó en su mensaje están asegurar que hay más transparencia y que se han evitado gastos excesivos en fondos.
“La Resolución de presupuesto sometida por la Junta de Supervisión destina la cantidad $10,112 millones al Fondo General. La Resolución enmendada que yo les estoy sometiendo aumenta esa asignación a10,345 millones de dólares, es decir un aumento de 233 millones de dólares. Es un aumento prudente y razonable. Y es que les recuerdo que actualmente el programa de Medicaid en Puerto Rico está recibiendo aproximadamente 2,800 millones de dólares del gobierno federal por medio de una ley especial, y en los pasados años ha recibido sumas similares para financiar el programa de salud del gobierno. A pesar de esto, en el plan fiscal y en el presupuesto, la Junta está asumiendo, incorrectamente en mi opinión, que a partir de octubre de este año esa cantidad va a reducirse a los aproximadamente 400 millones de dólares que recibimos por la ley de Medicaid. Eso ha resultado en que la Junta proponga recortes excesivos en las asignaciones a las agencias de nuestro gobierno para poder destinar cientos de millones de fondos del gobierno central al programa de salud”, dijo el gobernador ante la Asamblea Legislativa.
“Por consiguiente, en el día de hoy les estoy presentando una resolución de presupuesto enmendada para incluir los recursos adicionales que necesitamos para que Puerto Rico progrese. Me consta que las áreas principales que se atienden en la resolución que les estoy presentando son asuntos en los que hay convergencia y consenso entre todos nosotros. Por eso confío en que ustedes le darán paso y que se unirán a la lucha para lograr el presupuesto que necesitamos”, añadió el gobernador.
Pierluisi Urrutia mencionó que la Junta sometió un presupuesto que contiene algunas de las asignaciones que solicitó como 6.8 millones de dólares para combatir la violencia de género, 11.5 millones de dólares para comenzar un proyecto piloto de inversión en el servicio público, 1.2 millones de dólares para combatir el cambio climático, y más de 2 millones de dólares para programas de asistencia social y contra la pobreza. De igual manera incluye aumentos en personal necesario como trabajadores sociales, fiscales, inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), y ajustes en los fondos para cumplir con las pensiones de los retirados del gobierno.
Entre los cambios en el presupuesto del gobernador, se incluye 20 millones de dólares adicionales al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Para los municipios, propone mantener la ayuda 132 millones de dólares y 550 mil dólares adicionales para la Federación y la Asociación de Alcaldes
Propuso además mantener la asignación anual de 560 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Para el mantenimiento de las carreteras incluyó 23.7 millones dólares al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Pierluisi Urrutia incluyó una asignación de 15 millones de dólares de forma recurrente para igualar el salario de los oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a los de la Policía.
Le asignó 3.2 millones de dólares adicionales al Departamento de la Familia y $2.8 millones de dólares al Departamento de Justicia.
Al Departamento de Salud, el gobernador incluyó 5 millones de dólares al Departamento de Salud para cubrir gastos de nómina. Además, informó la asignación de 1.2 millones de dólares al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe para asegurar la contratación de otro cirujano cardiotorácico que garantice los servicios de cirugía cardiovascular y de trasplante.
También, el gobernador incluyó una asignación de 7 millones de dólares para cumplir con los servicios que necesitan la población de discapacidad intelectual, así como una reserva de 10 millones de dólares ordenada por el Tribunal en cumplimiento con un caso federal.
Finalmente, incluyó los fondos a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRAFAA, por sus siglas en inglés) para el pago de los delegados congresionales o cabilderos por la estadidad.