Política

Gobernador repasa sus gestiones legislativas

Pierluisi ha presentado 23 medidas de administración en lo que va de su cuatrenio

En las postrimerías de la presente sesión legislativa que culmina el 30 de junio, el gobernador Pedro R. Pierluisi radicó varias medidas legislativas, lo que lleva a un total de 23 los proyectos de administración que están pendientes de evaluación en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Igualmente, y tras la confirmación de cuatro designados durante el día de hoy, quedan pendientes 64 nombramientos entre secretarios de agencias, jueces, fiscales, miembros de juntas y otros.

“Ya sobrepasamos los primeros 130 días de gobierno. En el gobierno hemos trabajado incansablemente para servirle bien a nuestro pueblo en temas de salud, educación, trabajo, seguridad, entre otros de vital importancia. Como gobernador he sometido 23 medidas de administración y espero que sean evaluadas en sus méritos. Mantengo reuniones semanales con los portavoces de mi delegación y con los presidentes legislativos, y mi gobierno continuará procurando el consenso y trabajando por las causas que nos unen”, sostuvo el gobernador.

Uno de los proyectos de ley presentados por el gobernador es el Proyecto de la Cámara 758 que crearía la nueva “Ley para la Reorganización de Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento” (BGF) para completar la reestructuración organizacional y corporativa del Banco. Las funciones del BGF se han visto reducidas dramáticamente durante los pasados años por lo que no hay razón para que dichas entidades (subsidiarias o afiliadas) deban permanecer ligadas al BGF.

De igual forma, ha sometido la propuesta con la que se comprometió para devolver el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) al Departamento de Justicia, así como otras relacionadas al despacho de medicamentos recetados que contengan opioides y opiáceos, los cánones de la industria hotelera, entre otros anunciados previamente.

Tan pronto la Legislatura apruebe el Proyecto de la Cámara 627, cuyo equivalente en el Senado es el Proyecto del Senado 279, se garantizará la autonomía investigativa del NIE de manera que se logre un mayor esclarecimiento de delitos de fraude, de cuello blanco, de corrupción gubernamental y violaciones de derechos civiles. Esta propuesta del gobernador Pierluisi está incluida en el plan de gobierno que fue avalado por la ciudadanía en las elecciones generales de noviembre pasado. En el Proyecto se establece claramente que los agentes del Negociado serán considerados como agentes del orden público y que serán el brazo ejecutor del Departamento de Justicia.

“Reconozco los méritos y el propósito de la Ley 20 de 2017 la cual estableció el Departamento de Seguridad Pública (DSP) para integrar en un solo Departamento varias agencias del gobierno incluyendo el NIE. Sin embargo, por sus funciones investigativas el NIE debe tener su propio andamiaje en el Departamento de Justicia para luchar contra la corrupción y los delitos de cuello blanco”, reiteró el gobernador Pierluisi.

Por otro lado, Pierluisi presentó en ambas cámaras legislativas el proyecto de ley (Proyecto de la Cámara 759 y Proyecto del Senado 396) para que todo farmacéutico que despache medicamentos recetados que contengan opioides u opiáceos deberá entregar los mismos en envases u objetos que informen, mediante rótulos o etiquetas, las precauciones específicas que cada paciente debe evaluar, por su alto riesgo de adicción y peligros de una sobredosis.

A esos efectos se enmendará la “Ley de Farmacia de Puerto Rico” para que se establezca que en los envases y rótulos de medicamentos se incluyan etiquetas que indiquen las precauciones que se deben tomar al momento de ingerir medicamentos que contengan estas sustancias y que se puedan vender en Puerto Rico de conformidad con otras leyes estatales y federales aplicables.

De otra parte, el gobernador presentó el Proyecto de la Cámara 755 a los fines de extender permanentemente el término mediante el cual se transfieren parte del impuesto total recaudado por concepto de canon por ocupación hotelera dispuesta por una ley de 2003. En el año fiscal 2015-2016 se estableció que, por los próximos cinco años fiscales, que vencen próximamente cuando entre en vigor el presupuesto del año fiscal 2021-2022, se transferirían mediante aportaciones trimestrales de la Compañía de Turismo a la Autoridad del Distrito de Convenciones, el cinco por ciento de la cantidad que se recaude en cada año fiscal por el canon de ocupación hotelera en la Isla.  Además, bajo disposiciones de ley se transfieren $2.5 millones del impuesto total recaudado, en aportaciones trimestrales para cubrir los costos asociados exclusivamente a la operación del Distrito del Centro de Convenciones. De esta forma se le añaden de manera perpetua los recursos que necesita la operación del Distrito de Centro de Convenciones.

Otra de las medidas es el Proyecto de la Cámara 756 en el que se propone que el tribunal, en casos en los que se ordene el ingreso voluntario de un paciente a una institución mental hospitalaria, tenga la discreción de determinar la continuación del ingreso de forma involuntaria incluyendo el pago de servicios, si fuera necesario, para garantizar su salud y cuidado. Una vez el tribunal emita la orden correspondiente, deberá incluir en su determinación el requerimiento al seguro de salud del adulto para que asuma el pago de los cargos incurridos en los servicios ordenados por el tribunal. Esta medida, que es parte de la plataforma de gobierno, busca que sea el bienestar del paciente y no los costos el enfoque principal.

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