Gobernadora convierte en ley medida que reconoce al concebido no nacido como ser humano
La legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacido como ser humano
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto del Senado 923 el cual aclara en el Artículo 92 que para propósitos de los incisos (g) y (h) del Artículo 93, ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
Esta medida, es el Proyecto de Administración A-098, que la gobernadora envió a la Legislatura el pasado 12 de enero. Con su firma anoche, la medida se convierte en la Ley 18-2026.
La nueva ley enmienda el Artículo 92 del Código Penal con el propósito expreso de complementar la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane la cual, entre otras cosas, tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
La legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacido como ser humano.
El expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) Manuel Quilichini señaló que entiende que podría terminar en tribunales la controversia que levantaría el choque entre el mencionado Artículo y el Artículo 98, en relación con el aborto terapéutico.
Por su parte, la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, indicó en declaraciones escritas que “ante la firma plasmada por la gobernadora en el Proyecto del Senado 923, convirtiéndolo en ley, es importante reiterar que el aborto es legal en Puerto Rico, un derecho que no debería verse afectado. Sin embargo, el hecho de no haber permitido una discusión amplia del proyecto, sobre todo tratándose de una enmienda al Código Penal -que conlleva las sanciones más severas- es en sí misma una violación del proceso de participación ciudadana y de la sana gestión legislativa. No existe duda de que la medida no tuvo el análisis adecuado antes de su aprobación y deja un espacio de ambigüedad inaceptable para los derechos civiles. Lo que procede, ahora, es velar y documentar su aplicación e impacto.
Con esta acción, la gobernadora valida –una vez más- el proceder antidemocrático del liderato legislativo actual, que aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas, un proceder que no permitió escuchar y analizar las posturas de grupos y personas potencialmente impactadas. El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco”.
