Gobernadora presenta medida para calificar como asesinato la muerte de un concebido en cualquier etapa de gestación
El Proyecto de la Cámara 1025 y el Proyecto del Senado 923, provenientes de La Fortaleza, se radicaron el lunes y ya recibieron una primera lectura en ambos cuerpos
Vea aquí la entrevista:
Las delegaciones legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado rechazaron un proyecto de la administración de Jenniffer González Colón, el cual enmienda Código Penal para que, durante cualquier etapa del proceso de gestación, se catalogue como un asesinato la muerte de un concebido.
El Proyecto de la Cámara 1025 y el Proyecto del Senado 923, provenientes de La Fortaleza, se radicaron el lunes y ya recibieron una primera lectura en ambos cuerpos, siendo referido a la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes.
“Estos enmendarían el Artículo 92 del CódigoPenal, el cual dispone que ‘asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente’. La enmienda que sugiere la gobernadora establece que ‘para propósito de este capítulo ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno’. La radicación de estas medidas pretende crear un choque con la normativa vigente establecida en otros artículos del Código Penal y el caso Pueblo v. Duarte, que permite las terminaciones de embarazo por razones médicas, entendiéndose salud en su sentido más amplio”, reza el comunicado del PIP.
“El liderato del Partido Nuevo Progresista, en repetidas ocasiones, ha declarado su intención de ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos, y hacia eso se dirigen. Estas medidas, tal y como lo anticipamos, llegan como secuela de la Ley 183 del 2025, que le adscribe el carácter de persona al nasciturus. La Gobernadora y sus legisladores nos quieren obligar a un retroceso de décadas en la lucha de las mujeres por sus derechos; no les corresponde a ellos intervenir con el aspecto más íntimo de la vida de una mujer, amenazándola con penas de hasta 99 años de cárcel”, sostuvo la senadora María de Lourdes Santiago.
“Esta no es una medida aislada, sino que se une a otras iniciativas del PNP que buscan imponer el control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres, descartando consideraciones salubristas y de derechos humanos. Ante las interrogantes jurídicas que surgirían con la aprobación de estos proyectos, se abre la puerta a interpretaciones judiciales que resulten en restricciones gravísimas al derecho de las mujeres. En todo caso, esa posibilidad puede constituir un efecto disuasivo que termine exponiendo a las mujeres a la realización de abortos clandestinos, en condiciones insalubres, a riesgo de sus vidas”, indicó, por su parte, la representante Adriana Gutiérrez.
Las legisladoras independentistas apuntaron, además, y como había señalado el grupo de 300 médicos que expresaron su rechazo a la Ley 183 del 2025, que dicha visión punitiva contra las mujeres expone también a los profesionales de la medicina a responsabilidad criminal, y pone en peligro el manejo de información médica confidencial.
Por su parte, desde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, rechazaron la medida.
“El Proyecto del Senado 923, tal como está redactado y presentado, constituye una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico. Es contrario al Estado de derecho y pone en riesgo el derecho a la vida y seguridad de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. Desde nuestra organización analizaremos a fondo esta medida y sus implicaciones. Sin embargo, incluso a primera vista, resulta evidente que el proyecto se formuló desde una óptica que no toma en cuenta la jurisprudencia vigente, y mucho menos su impacto en escenarios diversos. En este momento, le corresponde al país reflexionar sobre algunos de esos escenarios y ponerse en los zapatos de quienes los viven: ¿qué ocurriría en casos de violencia sexual contra niñas y mujeres y su acceso a una terminación de embarazo? ¿Dónde queda el derecho a la salud y el deber de los profesionales de la medicina de actuar en situaciones de riesgo -o recomendar un curso de acción- conforme a su criterio clínico, y no bajo la amenaza de cárcel? La respuesta a estos y muchos otros escenarios no puede ser la criminalización.
Si esta medida llega a considerarse en la Legislatura, lo primero que debe garantizarse es una discusión amplia y profunda, mediante vistas públicas reales en las que participen todas las partes afectadas, incluyendo organizaciones que educan sobre los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, entidades que promueven el acceso a un aborto seguro y profesionales de la salud con injerencia directa en este asunto. Desde la ACLU de Puerto Rico advertimos, además, que no puede repetirse con este proyecto -ni con ningún otro- lo ocurrido con múltiples medidas aprobadas en 2025: un trámite expedito, sin vistas públicas, o con vistas públicas proforma o inexistentes, y votaciones por descargue. Cualquier legislador que comprenda la naturaleza de su trabajo debe partir del principio básico de que su rol no es acallar voces, sino escucharlas“, reza el comunicado.
