La gobernadora Jenniffer González Colón informó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Oficina de Compras de Terceros (3PPO), presentó hoy, viernes, una moción de emergencia ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, presidido en este caso por el juez Pedro A. Delgado Hernández, solicitando un interdicto provisional (Temporary Restraining Order) y un interdicto preliminar (Preliminary Injunction) contra New Fortress Energy (NFE), ante los incumplimientos en el suministro de gas natural requerido para la generación de energía eléctrica.
La acción judicial busca que el Tribunal ordene a NFE cumplir de inmediato con las obligaciones establecidas en la Sección 22.12 del contrato de suministro de gas, conocida como la cláusula de Tolling Agreement, que permite a la AEE recurrir a suplidores alternos de gas natural utilizando las instalaciones de NFE cuando la empresa incumple con las entregas contractuales o declara fuerza mayor.
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“Mi responsabilidad es defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y garantizar que contemos con los recursos necesarios para mantener nuestro sistema eléctrico operando. No vamos a permitir que los incumplimientos de un suplidor pongan en riesgo la estabilidad de nuestro sistema de generación ni que nuestra gente tenga que pagar las consecuencias. Estamos utilizando todos los mecanismos legales a nuestro alcance para exigir el cumplimiento del contrato y asegurar alternativas de suministro”, expresó la gobernadora.
La radicación de emergencia responde a dos situaciones principales. En primer lugar, que NFE no está entregando la totalidad del gas natural requerido bajo el contrato vigente, lo que ha obligado a mantener unidades de generación operando con combustible diésel. En segundo lugar, existe incertidumbre sobre la continuidad del suministro ante la próxima salida de la embarcación Amur River, sin que se haya identificado una nueva embarcación ni confirmado una fecha para el próximo cargamento.
Según se expone en el recurso judicial, NFE ha suministrado gas a solamente una de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan desde el 13 de octubre, mientras que la otra ha tenido que operar con diésel. Además, la empresa no ha respondido a múltiples requerimientos formales relacionados con la disponibilidad de sus instalaciones, los inventarios de combustible y la coordinación de suministros alternos.
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Como parte del recurso, la AEE solicita que NFE informe el inventario disponible de gas natural, la fecha estimada en que se agotaría el combustible y la programación de la próxima embarcación. Asimismo, se solicita que identifique las instalaciones disponibles para recibir gas de terceros, provea los protocolos operacionales correspondientes y designe un representante autorizado para coordinar estas gestiones.
La solicitud también procura evitar que NFE imponga obstáculos a la entrada de gas natural proveniente de otros suplidores. Según la documentación presentada ante el Tribunal, existe un suplidor alterno que ha manifestado estar preparado para comenzar entregas de gas mediante contenedores especializados en un plazo de un día, una vez se facilite el acceso a las instalaciones necesarias, así como entregas mediante embarcaciones en un periodo estimado de tres a veinte días.
“Puerto Rico no puede depender de la incertidumbre sobre cuándo llegará el próximo barco de gas. Tenemos que garantizar continuidad, planificación y responsabilidad en el suministro. Si el contrato establece mecanismos para recurrir a otros suplidores, vamos a exigir que se activen. Nuestra prioridad es proteger a las familias, los comercios y la actividad económica de Puerto Rico”, añadió González Colón.
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La gobernadora destacó que las interrupciones en el suministro de gas también representan un impacto económico para el sistema eléctrico, debido a la necesidad de utilizar combustibles alternos de mayor costo. De acuerdo con la documentación judicial, Genera PR estimó que la operación con diésel durante la segunda mitad de septiembre representó costos adicionales superiores a $18 millones.
El recurso fue presentado con carácter de urgencia para que el Tribunal evalúe la solicitud de interdicto provisional sin necesidad de celebrar una vista, conforme permiten las reglas federales, o determine la celebración de una audiencia. La petición de interdicto preliminar contempla un proceso posterior para establecer las obligaciones de cumplimiento y coordinación entre las partes.
“Esta administración continuará tomando las acciones que sean necesarias para defender el interés público. El servicio eléctrico es esencial para nuestra gente y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante situaciones que comprometan su estabilidad. Vamos a exigir responsabilidad, cumplimiento y soluciones concretas”, concluyó la gobernadora.
