Ante la renominación en la tarde de ayer del presidente Donald Trump a los actuales miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony O. Maceira, expresó que “el nombramiento busca subsanar la incertidumbre jurídica causada por la decisión reciente del Tribunal Apelativo Federal para el Primer Circuito, mas no un endoso de lo que ha sido en múltiples ocasiones un manejo errado de la Ley PROMESA.”
Añadió que “exhortamos a que en el proceso de confirmación no medie la utilización de fondos públicos para cabildear a favor de la supervivencia de individuos que buscan permanecer en sus asientos. Sino, que se aprovechen para impulsar la agenda que busca atender las necesidades Puerto Rico. Lo contrario sería un malgasto de fondos públicos.”
En expresiones escritas, el secretario de Asuntos Públicos ofreció ejemplos de iniciativas para las que deben utilizarse los recursos públicos: “estamos hablando de alcanzar paridad en Medicaid y Medicare, lograr el 100% de paridad en categorías A&B de FEMA, recibir los fondos necesarios para la reconstrucción de nuestra red eléctrica de manera más resiliente además de conseguir los fondos necesarios para atender el Caño Martín Peña, la extensión del SNAP y otros incluidos en la agenda de la Administración Rosselló”.
Maceira explicó que “el gobierno de Puerto Rico se mantiene firme en que sean quienes sean los miembros de la Junta, deben respetar los límites de PROMESA y no interferir en las determinaciones de política pública del gobierno electo por el Pueblo de Puerto Rico”.
