Héctor Ferrer radica medidas para crear una oficina y un código anticorrupción
Aseguró que en los últimos 10 años se ha invertido sobre $280 millones en cuatro agencias sobre este particular, pero sin mayores resultados
En miras a fiscalizar la corrupción en Puerto Rico y eliminar la burocracia que permea los casos, el representante popular Héctor Ferrer Santiago radicó legislación para crear una oficina y un código anticorrupción, informó en Pega’os en la Mañana.
El también presidente de la Comisión de Anti-Corrupción e Integridad Pública explicó que en los pasados dos años recibió el insumo de cuatro agencias en este renglón: la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Inspector General y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).
“Nos hemos dado a la tarea de establecer de que el sistema actual es uno burocrático, ineficiente y que no existe comunicación ente las agencias para procesar los crímenes de cuello blanco”, reiteró Ferrer Santiago al criticar que en la última década se han invertido sobre $280 millones en las cuatro agencias antes mencionadas, aunque no se han visto mayores resultados, aparte de que la Oficina del Controlar ha recibido, al menos, $2 mil millones o lo que equivale al 10 por ciento del presupuesto del Gobierno.
La Oficina Anti-Corrupción y de Integridad Pública contaría con un director, un subdirector y siete fiscales nombrados a tiempo completo, a diferencia de los fiscales de la Opfei, que son contratados bajo servicios profesionales. Sobre este particular, el legislador detalló como ejemplo que, durante la pandemia por COVID-19, en 2020 se invirtieron, al menos, $820 mil en este apartado.
Dichos fiscales pasarán bajo el rigor del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (Colegio de CPA) y escuelas de Derecho del país. Posteriormente, deberán ser confirmados por dos terceras partes tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.
Ferrer Santiago aseguró que la Oficina generará unos ahorros, por lo que no habrá problemas a nivel presupuestario, y que eso se verá en vistas públicas, puesto que “hay dinero de más para combatir la corrupción. El problema está en la ejecución, en la ineficiencia de lo existente y se debe a lo burocrático que es el sistema actualmente”.
Por otra parte, el Código Anti-Corrupción buscará agrupar los delitos que tienen que ver en contra de la función pública y la ética. Aunque ya existe un código de este nivel, Ferrer Santiago aseguró que no cuenta con lo necesario, por lo que decidió agrupar lo que se establecía en este, aparte de lo establecido en el código bajo la Ley de Ética Gubernamental. Se crearía un nuevo código que contará con todos los delitos y faltas administrativas.
El representante se mostró confiado en que su delegación tiene la voluntad para atender los proyectos e indicó que espera que tanto sus compañeros y compañeras en la legislatura, así como el gobernador, tengan la disposición para aprobarlos.
